Desde Santa Fe

La media sanción del presupuesto 2013 en la Cámara de Diputados anticipó otro debate caliente: la modificación de partidas presupuestarias por 1.164 millones de pesos para financiar la política salarial del año pasado por dos vías: 389 millones de "créditos disponibles" (entre ellos 40 millones del plan de inversiones del Ministerio de Aguas y nueve millones del Ministerio de Seguridad) y 775 millones por el "incremento de otros pasivos", lo que significa más deuda flotante. Se trata del decreto de necesidad y urgencia 3756 que el gobernador Antonio Bonfatti firmó el 14 de diciembre "ad referedum de la Legislatura" y remitió a las Cámaras después de Navidad para que sea aprobado por ley en extraordinarias (mensaje 4068). Rosario/12 lo publicó el 30 de diciembre. "Otra vez nos piden que le salvemos las papas al gobierno", dijo uno de los diputados del PJ en el pleno de esta semana. Y advirtió: "Mandaron este decreto para que le acomodemos las cuentas" y "no tener problemas judiciales".

El jueves, Diputados sacó el presupuesto en una sesión muy tensa, en la que 23 legisladores del PJ y del Pro quedaron pagando, cuando decidieron abstenerse para que sus 14 colegas del Frente Progresista puedan aprobar la media sanción del Senado y convertirla en ley. Pero en el tratamiento en particular, el oficialismo dio una vuelta de campana: introdujo tres modificaciones que devolvieron el proyecto a la Cámara de origen, que era lo que no quería la oposición. Una de las reformas suprimió el Fondo de Fortalecimiento Institucional que habilitaba al vicegobernador Jorge Henn y a los 19 senadores a disponer 144.000 pesos mensuales para subsidios, 1.680.000 al año por cabeza. La maniobra oficial enojó a los diputados del PJ, sobre todo a Ricardo Olivera, quien se arrepintió en pleno recinto de haber votado el presupuesto junto al Frente Progresista para que Bonfatti pueda promulgarlo esta semana. "Me traicionaron", dijo sin ocultar su desconsuelo.

Antes de la fractura, dos diputados del PJ plantearon que el debate sobre el manejo de las cuentas públicas no se agotará con el presupuesto. Y recordaron que la Legislatura debe tratar ahora el decreto de necesidad y urgencia 3756 de Bonfatti, que modificó "partidas presupuestarias" por 1.164 millones de pesos para financiar los aumentos salariales al sector público en 2012 y financió más de la mitad, 775 millones de pesos, con deuda flotante. "¿Saben por qué?", se preguntó el diputado Mario Lacava. "Porque gastaron mal, ilegalmente. Sin este decreto, cualquier funcionario de carrera o político podría ser acusado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No denuncio nada, sólo digo lo que está ad referedum de la Legislatura", explicó. "Y no se trata de dos pesos, sino de 1.164 millones. Este es el problema. El presupuesto de 2012 teóricamente era superavitario en 100 millones de pesos, pero terminó con una modificación de partidas por 1.164 millones de pesos. ¿De donde salió esa plata? Si modificaron partidas es porque la sacaron de donde no correspondía. ¿Y qué hacen con este decreto? Blanquean la situación y nos dicen: 'Saquen una ley para no ir'", dijo Lacava sin terminar la frase.

"¿De donde salió la plata? --volvió preguntarse Lacava-﷓: 389 millones de saldos no invertidos. ¿Saben qué es eso? Obra pública no realizada. Ese es el problema de la provincia. La canasta de las ilusiones, que son las obras que están en el presupuesto y no se hacen, termina como el estallido de San José del Rincón. ¿O ustedes creen que la movilización diaria de Rincón por la ruta 1 y el problema energético es producto de cinco agitadores? Quizás los ciudadanos de Rincón no tengan conocimiento de este decreto, pero acá está la plata que no fue a Rincón. Acá están los 200 millones de pesos que no fueron a la EPE. O los 40 millones que salieron de Aguas Santafesinas para pagar gastos corrientes de otro lado".

"¿Y donde sacaron los otros 775 millones?", se preguntó el legislador. "De la deuda flotante. O sea proveedores que reclaman cobrar. Patearon la pelota para este año. Esta es la situación que tenemos en Santa Fe. Una mala administración termina perjudicando la vida de los santafesinos. Hay un modo de administrar que ha fracasado porque no hace obras ni mejora los servicios".

Su colega, Héctor Acuña coincidió que el gobernador mandó el decreto 3756 a la Legislatura para "que le acomodemos las cuentas" y "no tener problemas judiciales. Esta es la verdad. Cuando uno aprueba estos decretos ad referéndum, lo que hace es salvarle las papas al gobierno, que efectivamente quedó al borde de la ley, porque modificó partidas sin autorización legislativas, que deberían haber sido previas y no posteriores", concluyó.