La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación imputó al juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, un presunto "mal desempeño de sus funciones" por una serie de fallos que beneficiaron a poseedores de bonos de la deuda pública en default que consiguieron cobrarlos a su valor original en dólares y lo citó para que haga su descargo el 27 de junio próximo, a las 11, en un proceso que puede derivar en la suspensión del magistrado y el inicio de un jury de enjuiciamiento. La investigación se inició a fines del año pasado por una denuncia del Ministerio de Economía de la Nación, que por entonces estaba a cargo de Roberto Lavagna.

El juez Rodríguez ha tenido una destacada actuación en las causas de derechos humanos que se tramitan en su juzgado, fue uno de los primeros en el país en declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y ordenó la detención de los represores más emblemáticos de la dictadura en Santa Fe que nunca antes habían sido molestados por la Justicia. Pero hace tres semanas, la Cámara Federal de Rosario lo apartó del juicio al terrorismo de estado por una cuestión formal, en un fallo que detonó otro escándalo: la causa quedó en manos de un conjuez que firmó una solicitada de solidaridad con el ex dictador Jorge Rafael Videla en los años '80 y declaró como testigo de la defensa en el jury que destituyó al ex juez Víctor Brusa, uno de los ocho detenidos por orden de Rodríguez.

Si bien el proceso a Rodríguez en el Consejo de la Magistratura no tiene nada que ver con su desplazamiento en la causa de la represión, la coincidencia genera una "situación muy compleja" en los Tribunales Federal de Santa Fe. Y así lo advirtió la semana pasada el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, cuando le preguntaron si el expediente del terrorismo de estado debía volver a manos de Rodríguez. "Debe volver al Juzgado de origen. No se olviden que Rodríguez tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura que tiene que ver con una situación en que está comprometido por el manejo de bonos en la época en que se podían convertir en dólares hasta determinada cifras. Entonces, es una situación muy compleja. Pero sí, entiendo que debe volver al Juzgado de origen", aclaró Pochettino. Una respuesta que ahora tiene otro sentido al conocerse ayer que Rodríguez fue citado el 27 de este mes por la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para que se defienda del cargo que pesa en su contra: un presunto "mal desempeño de sus funciones" por dictar medidas cautelares que beneficiaron a tenedores de títulos públicos en default que lograron cobrarlos a su monto nominal y al margen del marco regulatorio que definió el gobierno de Néstor Kirchner. Fuentes del Consejo de la Magistratura citadas por El Litoral revelaron que "la actitud de Rodríguez podría configurar cargos tales como 'desconocimiento del derecho, negligencia grave o adopción de criterios arbitrarios'.

El Ministerio de Economía denunció al doctor Rodríguez "por ocho casos de tenedores de títulos que accionaron contra el Estado", recordó el vespertino. Y el argumento "el sistemático rechazo del juez a los intentos de Economía para demostrar el enriquecimiento sin causa de los accionantes, que derivó de adquirir bonos con posterioridad al 31 de enero de 2001, por debajo del valor de mercado, para luego obtener el dictado de medidas precautorias que posibilitaron su recupero a valor del dólar en el mercado libre de cambios".

El subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Sieles, sostuvo que "existió fraude procesal en contra del Estado Nacional, por cuanto personas ancianas o discapacitadas compraban bonos en default, muy por debajo de su valor nominal, e intentaban cobrarlos a este valor con fundamento en las excepciones previstas". Y por eso criticó "el otorgamiento de las medidas cautelares y las sentencias dictadas" por el juez Rodríguez.