Una altísima fuente judicial accedió a pedido de Rosario/12 hacer una lectura sobre el caso de las escuchas telefónicas que puso al descubierto la intención de dos detenidos de atentar contra el fiscal Guillermo Camporini y el juez Juan Carlos Vienna. La primera de ellas es que "este sea solo un capítulo más en el enfrentamiento de bandas narcopoliciales de un lado y un grupo de pesquisas especializados en la Banda de Los Monos, o que en realidad haya algo de cierto y que alguien habló en nombre del magistrado amenazado y pudo haber dado a entender que otorgaría un beneficio al preso que entregó bajo identidad reservada, información valiosa para procesar a la Banda de Los Cantero, y que es el mismo que se sintió traicionado por la falta de respuestas". Esta ultima hipótesis sin embargo implicaría un riesgo grave para el expediente ya que de probarse la existencia de algún tráfico de influencias podría caerse la causa entera.

En tanto la primer hipótesis no descarta que "todo hay sido armada por un grupo policial que intenta darle un aviso a Vienna, ya que colaboró con la investigación y no fue recompensado tal como lo esperaban. Así en este línea de razonamiento, le están dando un mensaje".

Sin embargo esta afirmación tiene un punto débil: uno de los policías de Judiciales que aparece amenazado es Quebertoque, que fue uno de los que acercó al juzgado de Vienna a Arón Treves, quien conoció de cerca la actividad de los Cantero para relatar desde adentro su operatoria. En ese plano Treves permitió conocer el funcionamiento de Los Monos.

De lo que no hay dudas es de que se trata de un diálogo entre presos, y que el paso a la materialidad de la amenaza se presenta un tanto más lejano. Lo que denotan las transcripciones es una marcada familiaridad en el diálogo entre Germán Almirón -integrante de la División Judicial, detenido en la Jefatura de la Unidad Regional II por permitir la fuga de un sicario narco- y el convicto César Arón Treves, alias Ojudo, procesado por el homicidio de un joven que fue acribillado de cuatro balazos, en una playa de estacionamiento en Maipú al 800, en pleno centro de Rosario. Ambos contaban con teléfonos celulares en sus respectivos lugares de detención, algo que sabían en la Justicia Federal. Pero lo permitieron porque pretendían escuchar las conversaciones de Almirón, que está sospechado de mantener vínculos muy aceitados con la banda de Reina Isabel Quevedo, una mujer de 56 años que fue detenida con 80 kilos de cocaína, junto con otras siete personas, en Metán y Rosario, en un operativo antidrogas de la Policía Federal. "Reina Isabel" o "Vieja Chela", como aparece en las escuchas, traía a Rosario cocaína de máxima pureza del norte argentino.

Almirón estaba preso porque el 15 de enero pasado permitió la fuga de Juan Domingo Ramírez, quien huyó tras zafar de las esposas, golpear a sus custodios y salir del predio por uno de los paredones laterales.

Treves está preso en la cárcel de Coronda por el homicidio de Gustavo Serra, que fue acribillado de cuatro balazos el 24 de noviembre de 2012 en una cochera en Maipú al 800, aunque también está imputado en otra causa por drogas. Casi un mes después de matar a Serra lo atraparon en San Martín y Circunvalación, en Villa Gobernador Gálvez. Circulaba un auto con dos kilos de pasta base y unos 20 litros de acetona, materia prima y precursor químico para la fabricación de cocaína.

En las escuchas Treves, le pidió a Almirón que le consiguiera la dirección del domicilio del juez. "Yo me encargo del salchicha", prometió. Y el policía de la División Judicial le contestó: "Hay que matar a un juez o a un fiscal para que esto no pase más. Nunca mataron a un juez. Nunca les pasó nada. Y hoy son los dueños del poder". En ese tramo de la conversación se hace alusión a un fiscal al que apodan "bocón", que sería Guillermo Camporini.

Treves le explicó a Almirón, según la grabación, que a él lo "traicionaron". "Me dijeron que si pasaba información sobre los Monos me iban a largar. Y me mintieron", agregó el hombre que está detenido por un homicidio que está en otro juzgado, a cargo de Roxana Bernardelli. Y señalaron que "hay que arreglar con Salvador", que sería un funcionario político del gobierno.