A fines del año 2009, el legislador socialista Eduardo Di Pollina logró la aprobación unánime en ambas cámaras de un proyecto de su autoría que promovía la actualización de la ley del deporte nacional Nº 26.358. Por entonces, el Legislativo ensayaba un abordaje de la violencia en los estadios de fútbol de la provincia mediante la aplicación de medidas concretas. Se creó un Registro Nacional de Infractores que facilitaría la tarea de los jueces de sancionar a quienes infrigieran la ley y y facultaría a los directivos de las entidades de fútbol a aplicar el derecho de admisión. "Jueces y directivos ahora tendrán las herramientas necesarias para sacar de los estadios a los violentos", aseveraba el titular de la Cámara de Diputados, poco menos de cinco años atrás. "A los violentos los vamos a identificar y les vamos a prohibir el ingreso a los estadios de la provincia si cometen algún delito", prometía Di Pollina a Rosario/12 en aquella oportunidad. La práctica se encargó de desdibujar el poder de la normativa.