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Desde Santa Fe

El juez federal Francisco Miño resolvió indagar sólo a los empleados y colaboradores del empresario Mario Rossini, detenido -﷓en su casa-﷓ por una estafa en gran escala, pero no a los directivos del Mercado de Valores del Litoral y del Banco Galicia imputados en la causa, entre ellos el ex ministro de Economía de la provincia, José María Candioti y el secretario de la Producción de la Municipalidad de Santa Fe, Pablo Tabares. El fiscal Walter Rodríguez había pedido en mayo la indagatoria de 49 operadores financieros. Miño se tomó dos meses para resolver y ayer trascendió que sólo indagará a 23 directivos y empleados de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos -﷓las dos empresas de Rossini-﷓, pero no a los trece funcionarios del Mercado de Valores y once del Banco que el fiscal quería interrogar. El juez consideró que no pesa sobre los excluidos "un estado de sospecha suficiente" para indagarlos, por lo que el fiscal deberá resolver ahora si apela la decisión del magistrado ante la Cámara Federal de Rosario o aporta más pruebas a la causa, entre ellas otro informe de la Unidad de Información Financiera sobre la ruta del dinero que "indique concretamente si existieron maniobras de lavado de activos". El desglose de las indagatorias cayó como un baldazo entre más de 400 ahorristas estafados. "Hay impunidad. Siguen tapando a la gente que tiene poder económico y político", dijo a Rosario/12 una de las damnificadas que se movilizaron la semana pasada hasta las puertas del Tribunal Federal.

El fiscal Rodríguez y sus colegas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y Pedro Biscay habían imputado y pedido la indagatoria de 49 operadores financieros. Pero el juez Miño consideró que sólo hay "pruebas" para interrogar a 23 empleados y socios de Rossini y excluyó a los directivos del Mercado de Valores y del Banco Galicia porque "no existen suficientes elementos de convicción para arribar a la sospecha necesaria que propicie el llamado a indagatoria", dijo en la resolución que se conoció ayer. La firmó el 29 de julio, veinticuatro horas antes de la marcha de los estafados.

El Ministerio Público discrepa con ese criterio del juez. Según los fiscales, "el Mercado de Valores del Litoral debió supervisar que Bolsafe y BV Emprendimientos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizadas, mientras que el Banco de Galicia debió reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como lo estipula la ley antilavado, que las empresas de Rossini estaban realizando operaciones sospechosas de blanqueo de activos obtenidos -﷓en este caso-﷓ mediante una defraudación".

Ahora, el fiscal Rodríguez analizará con Gonella los pasos a seguir. "Seguramente en los próximos días vamos a resolver el curso de la estrategia a darnos de aquí en adelante", dijo al sitio "Fiscales".Y agregó: "No estamos empecinados con nadie, sino que enderezamos la actividad para el descubrimiento de la verdad".

El juez consideró que es necesaria "una pericia contable, que determine los efectivos perjuicios de cada uno de los presuntos damnificados". Estimó que en la investigación de los miembros del Mercado de Valores del Litoral se debe determinar "si las auditorias dispuestas por ese organismo se ajustaron a sus reglamentos" y planteó que resultaría procedente ampliar el informe de la Unidad de Información Financiera "para que indique, concretamente, si existieron maniobras de lavado de activos por parte del Banco Galicia S.A., Galicia Valores S.A., Valfinsa Bursatil S.A., Mario José Rossini, Bolsafe Valores S.A. y BV Emprendimientos".

La semana pasada, los estafados de Bolsafe Valores se movilizaron hasta el Tribunal Federal por la demora en la causa. "La investigación es muy lenta", dijo María Gabás. "Hay demoras porque hay impunidad", agregó Débora Salica. "Esta es una causa que afecta intereses de gente que tiene poder económico y político. Y cuando vemos la lista de que llamaron a indagatoria y no figura ningún directivo del Mercado de Valores del Litoral y del Banco de Galicia, tenemos que decir que sigue la impunidad. Se sigue encubriendo y tapando a la gente que tiene poder económico y político", dijo Salica. "Y entre ellos está el secretario de la Producción, Pablo Tabares, que por respeto a la ciudadanía y hasta tanto se realice el juicio oral que deslinde todas las responsabilidades debería apartarse de su cargo. Entonces, no podemos hablar de otra cosa que no sea de impunidad política", agregó.