Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010, en su local del centro de la ciudad de Rafaela. La mujer era testigo crucial en la causa federal contra el ex juez Víctor Brusa, por delitos de lesa humanidad. Así lo recordó el diputado del Frente para la Victoria, Leandro Busatto, ya que ese hecho fue uno de los que motorizó su proyecto de ley para la creación del Programa Provincial de Protección de Testigos (y Víctimas), y de un Fondo de Recompensas, por el que pidió preferencia para que este jueves se trate en la Legislatura. "El aporte valioso para esclarecer hechos se ve frustrado por amenazas, de la propia policía o bandas, que hostigan a los testigos. El amparo del Estado a declarantes y víctimas de delitos, como así también el incentivo (económico) para personas que colaboren, responde a la necesidad de proteger a los habitantes y garantizar el debido proceso del sistema de Justicia", expresó el legislador sobre la iniciativa que presentó en mayo pasado y que busca salir antes de fin de año. El fiscal regional Jorge Baclini analizó que la ley es una herramienta "necesaria para el funcionamiento del nuevo sistema procesal penal", que rige en la provincia desde febrero. Para el funcionario, se trata de una "pata importante", junto con la Policía Judicial que reclamó el fiscal General Julio de Olazábal, la semana pasada, y que está en Senadores.

Luego del paso del proyecto por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Garantías Constitucionales, Busatto (presidente de ésta) impulsa que tenga tratamiento en la sesión de esta semana en Diputados, de donde saldría con media sanción. La idea del legislador es que el Estado brinde protección a personas que "aseguren el proceso judicial" de investigaciones penales.

Las medidas de protección que contempla el proyecto para personas que hayan sido testigos o víctimas de un hecho delictivo van desde custodia personal o domiciliaria hasta alojamiento temporario, cambio de domicilio y suministro de medios económicos para diferentes situaciones. Mientras que el fondo de recompensa apunta a obtener "datos útiles" para individualizar a autores, cómplices, instigadores o encubridores de un delito.

"Es importante desde el punto de vista de los delitos graves, aunque debe haber diferentes intensidades de protección según los niveles de riesgo que puedan existir. Hay delitos en los cuales los testigos directamente no se animan a venir a declarar a la fiscalía, por el temor a ser próximas víctimas. Pasa también en cuestiones menores. Las situaciones hoy no nos permiten brindar un nivel de protección, más allá de la reserva de la identidad del testigo, al menos durante una etapa del procedimiento, como una medida de garantía de una buena investigación", resumió Baclini sobre la situación actual.

Al mismo tiempo, el funcionario judicial recordó que "en el primer juicio oral, una testigo se negó a declarar y rompió en llanto. Hay personas que no pueden testimoniar frente al imputado, y hay cuestiones que podrían hacerse, como evitar el contacto en un juicio oral, pero sin dejar de compatibilizar el derecho de defensa con la protección del testigo". Y relató que "muchas veces, las víctimas temen hacer una denuncia individual, y la cosa cambia cuando hay una acusación grupal".

Justamente, el Ministerio Público de la Acusación cumplirá una función importante dentro de la aplicación de la ley, ya que deberá encargarse de las solicitudes. "El ministerio es el contacto primario con víctimas y testigos. Debemos lograr que se materialice rápidamente la ejecución de medidas, para brindar seguridad". Por eso, uno de los puntos que toma en cuenta el proyecto tiene que ver con la celeridad, y plantea "eliminar obstáculos burocráticos". También apunta a la confidencialidad y gratuidad de las medidas de protección. Busatto recordó que en el proyecto se suma la protección a víctimas, a diferencia de la ley nacional.

El legislador consideró como una señal "interesante" el hecho de que ya hubiera dos pronunciamientos formulados en la Cámara baja sobre el tema de fondo de recompensas, porque "se votaron dos iniciativas ﷓de los diputados Julián Galdeano (Unión Cívica Radical) y Néstor Acuña (Partido Justicialista)﷓ estableciendo recompensas por el paradero de Paula Perassi, en un caso; y en el otro para quienes aporten datos para encontrar a los prófugos de la banda de Los Monos, esclarecer el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, el homicidio de Guillermo Morgans y el de Luis Medina".

En los fundamentos del proyecto, Busatto planteó: "El nombre de Silvia Suppo sea quizás suficiente para sintetizar los fundamentos que inspiran este proyecto de ley. Es imperiosa la intervención del Poder Legislativo para prevenir hechos similares en el futuro".