En su última sesión, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de Ley que crea, en el ámbito provincial, un registro de Organizaciones No Gubernamentales, instituciones públicas o privadas, dispuestas a recibir a personas que deban por disposición judicial realizar tareas impuestas como regla de conducta (tareas comunitarias). Se trata de un paso clave para poder efectivizar la figura de la probation ante la comisión de delitos menores. De acuerdo a la iniciativa presentada por la diputada radical Mónica Peralta, el registro dependerá del Ministerio de Gobierno de la Provincia y de la Secretaria de Justicia.

"Hay que implementar métodos alternativos a la sanción punitiva, que apunten a la reinserción social efectiva e inmediata, sin privar de la libertad a quienes han quebrantado la ley en casos no complejos, dado que el encierro en muchos delitos menores no solo no es necesario, no regenera, aísla. La probation guarda en su sentido mas garantista, y reconstitutivo de los valores sociales la rectificación inmediata del victimario a su victima o a la sociedad agredida", argumentó Peralta.

Según el proyecto aprobado el jueves, se deberá establecer en el registro: nombre, personería jurídica, domicilio y teléfono de la institución y su máxima autoridad, características de los trabajos que puedan ser realizados, cantidad de horas aproximadas que esas tareas demandarían y requisitos con respecto al prestador de tareas que la institución considere relevantes.

Estos datos servirán de gran utilidad a los jueces para decidir en qué lugar, bajo qué régimen, y qué tipo de tarea comunitaria debe cumplir la persona que sea alcanzada por la suspensión del juicio a prueba.

También se deberá informar a las entidades intermedias, Ong e instituciones públicas, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a los organismos judiciales competentes, a jueces, fiscales y defensores acerca de la existencia del Registro, con un listado anual actualizado.

"Uno de los problemas que vimos en la aplicación de esta medida es la falta de cobertura ante los posibles accidentes que pudieran ocurrir durante el desarrollo de las tareas comunitarias en los lugares designados por la justicia para que los imputados cumplan la condena. Por eso el proyecto contempla un seguro de riesgo a fin de tomar medidas preventivas y reparadoras de los daños derivados de la labor prestada, eximiendo a los inscriptos en el Registro dispuesto por esta ley, de la responsabilidad civil frente a aquel sujeto que haya prestado las tareas determinadas por disposición judicial o de sus derechohabientes, la provincia respondería ante cualquier eventualidad", dijo la legisladora.

"En Santa Fe la falta de utilización de instrumentos penales alternativos, eficaces, seguros y garantistas, ha generado no solo aumento de la población carcelaria, si no además el colapso del sistema judicial. La ausencia de aplicación de este tipo de medidas alternativas de sanción termina inevitablemente encerrando en una cárcel a quien infringe la ley", argumentó Peralta.