Desde Santa Fe

Otro ping pong entre la justicia federal y el fuero ordinario reveló cómo opera el Ministerio Público de Acusación de Santa Fe cuando están involucrados funcionarios políticos. El fiscal Gustavo Urdiales devolvió al juez federal Reinaldo Rodríguez la denuncia por supuesto "allanamiento ilegal" e "incumplimiento de deberes" en la que están imputados el subsecretario del Ministerio de Seguridad Diego Poretti, el ex jefe de Policía Hugo Tognoli y el juez Jorge Pegassano porque el magistrado no precisó qué "órgano judicial" de la provincia debería investigar los hechos. Rodríguez se la mandó de vuelta por segunda vez, ahora con un decreto en el que explicó a Urdiales que la "fecha de inicio de la causa" es cuando la Fiscalía Regional de Santa Fe, a cargo de su jefe, Ricardo Fessia, "tomó conocimiento" de la denuncia, el 16 de octubre, hace cuatro meses. Ahora, Urdiales deberá resolver si a la causa la investiga él, en el nuevo sistema penal de audiencias públicas, o la manda al viejo, como ya deslizó en una resolución, en la que "de acuerdo a los delito en juego", "corresponde" intervenir a "la justicia correccional".

La causa está congelada desde el 24 de abril de 2014, hace casi un año, cuando el juez Rodríguez se declaró incompetente para investigar a Poretti, Tognoli y Pegassano y resolvió que pasara al fuero ordinario. El 10 de setiembre, la Cámara Federal de Rosario (sala A) le dio la razón y el fallo quedo firme. Rodríguez la despachó al Ministerio Público de Santa Fe, donde la Fiscalía de Fessia la recibió el 16 de octubre. Urdiales la devolvió el 29 de diciembre para que el juez federal le dijera que "órgano judicial" de la provincia "debe proseguir la presente causa" (sic). Y el 5 de febrero, Rodríguez se la mandó de vuelta con la explicación de que según la ley, la "fecha de inicio de la causa" es cuando la Fiscalía "tomó conocimiento" de la denuncia, el 16 de octubre. Así quedó el ping pong.

Sin embargo, Urdiales, en esa resolución del 29 de diciembre, ya dictaminó que según su "criterio" y "los delitos a investigar" "corresponde la intervención de la justicia correccional". Y agregó: "Entiendo que la presente corresponde a las denominados procesos del Sistema de Conclusión de Causas", que se tramitan en el viejo sistema penal.

El origen de la causa es una razzia en Colastiné Norte, el 27 de junio de 2012, dirigida por Tognoli y Poretti, donde hubo más de 25 requisas para "dar con objetos mal habidos o armas de fuego" y una de ellas derivó en un procedimiento por drogas y la detención de dos personas, con conocimiento del juez federal Francisco Miño.

Después, el fiscal Walter Rodríguez intentó avanzar en el juicio oral, pero no pudo porque descubrió que la requisa del domicilio de los detenidos se realizó sin "orden escrita fundada", ni "expediente judicial". Por lo tanto, pidió la "nulidad" de las actuaciones y el sobreseimiento de los imputados, que estuvieron presos 48 horas. El 19 de setiembre de 2013, el juez Miño anuló todo y sobreseyó a los imputados por considerar que el allanamiento había sido "ilegal". Las pruebas no se pueden obtener "desconociendo garantías constitucionales", porque eso significa "una violación al debido proceso y defensa en juicio", dijo Miño.

El 25 de febrero de 2014, el fiscal Rodríguez denunció a Poretti, Tognoli y Pegassano para que se los investigara por supuesto "allanamiento ilegal", "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes". El requerimiento de instrucción fue firmado por el fiscal Félix Crous, entonces a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procurar). "Un esquema de actuación policial en el que funcionarios encargados de velar por la seguridad de la sociedad pueden ingresar por la fuerza a un domicilio particular desoyendo las normas mínimas de procedimiento y de manera prácticamente ilegal es un elementos propio de regímenes totalitarios", dice la denuncia. Y consideró el hecho de "gravedad institucional, si se tiene en cuenta que los efectivos de la Policía de Santa Fe que intervinieron en el procedimiento" eran dirigidos por Tognoli y Poretti.

El jefe Urdiales es Fessia - ex militante de Franja Morada- y el de éste, el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, quien tiene en su equipo varios funcionarios del palo, entre ellos el secretario general, Mario Martín Barletta, hijo del jefe de la UCR. Poretti es el único radical en el gabinete del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto y ya ganó un concurso en el Ministerio Público de la Acusación para acceder al cargo de secretario de Persecución Penal.