La declaración en la megacausa Feced del militante Sergio Schilman, concretada durante la última semana reeditó un viejo punto ligado al terrorismo de estado que aún no ha sido abordado por la justicia local: la complicidad de los hombres de la justicia con la última dictadura. Su investigación es una deuda pendiente que será saldada a la brevedad. "El próximo paso en materia de verdad y justicia debe ser investigar las responsabilidades civiles. Desde la querella de APDH nos interesa particularmente instrumentar las causas en ese sentido, tanto las responsabilidades empresariales, como las de la burocracia sindical, las eclesiásticas y por supuesto las judiciales. La causa Schilman es señera en esta materia", afirmó la abogada Gabriela Durruty. Para la nueva causa, será medular analizar el testimonio del ex juez federal Guillermo Ernesto Tschopp, quien declarara el último año en la Causa Nast, y reconociera la existencia de "presos comunes" y "presos políticos".

Sergio Schilman prestó declaración en la instrucción de la mega causa Feced, ante el juez federal Marcelo Bailaque. Estuvieron presentes el fiscal Gonzalo Stara, la abogada de la querella Jesica Pellegrini y el abogado de la Secretaría de Derchos Humanos de la Nación Santiago Bereciartúa. Luego de relatar los delitos de los que fuera víctima en el SI a partir de su detención ilegal, el 22 de agosto de 1979, la testimonial continuó con una serie de preguntas formuladas por la fiscalía.

Sergio dio detalles de cómo se sucedieron los hechos a partir de la acusación que sufriera por la infracción a la ley que prohibía por entonces el desarrollo de actividades políticas por el juzgado federal de Rosario, a cargo del juez Carrillo Avila.

Schilman relató: "cuando entramos a la oficina del juez expresé que desconocía cualquier declaración que le hubierne acercado por los tormentos recibidos, me levanté el torso y se podían observar lo que luego en el sanatorio contáramos como 242 marcas de picana eléctrica, además de las del rostro. El juez me dijo que esa denuncia la tomaría en otra oportunidad, tenían que completar el trámite para el cual me habían llevado, que era acusarme de algo".

Y de igual modo negó haber sido atendido por un médico. "Me enviaron nuevamente incomunicado al mismo lugar de cautiverio", relató. "En la tarde del sábado en que denuncié en Tribunales vino un médico forense (al SI), motivo por el cual Nast se enfureció. El profesional no me revisó. Al día siguiente vino un médico de la policía, tampoco me revisó, y como le dije que me dolía el estómago, me recetó buscapina. En ningún momento he recibido atención médica, tenía la boca llagada por la picana en los labios y encías, no podía ir de cuerpo, no podía comer, no recibí atención médica de ningún tipo, no tuve nunca visita del juez", remarcó. Y recordo que volvió a ser torturado a su regreso al servicio de informaciones luego de denunciar judicialmente los tormentos: "Tras ese ofuscamiento de Nast es cuando lo identifico físicamente y me cagó a trompadas. Más allá de la tortura psicológica y las amenazas a mi familia".

Hay antecedentes importantes en fallos anteriores de la propia justicia. En los fundamentos del fallo de la causa Nast se puede leer: "No admite controversia que ese Poder Judicial --por acción u omisión y en su mayoría- fue partícipe o encubridor de la masacre". Esta aseveración se vio corroborada por el testimonio prestado el 26 de junio de 2014 durante el debate de la causa Feced II por el ex Juez Federal Nº 2 de Rosario Guillermo Ernesto Tschopp quien, entre otras cosas, admitió la existencia de "presos comunes" y "presos políticos". El exmagistrado reconoció además que "sobre éstos no tenía injerencia porque dependían de las autoridades militares y que no visitó nunca el SI como lugar de detención".

Tschopp ocupó el cargo entre 1976 y 1984 y fue cuestionado en duros términos y en repetidas oportunidades por sobrevivientes del Servicio de Informaciones, los cuales dieron cuenta de que el magistrado hizo caso omiso a las denuncias por torturas que le presentaron en aquellos años. El ex juez reconoció que "en algunos casos, (los presos) manifestaban que habían sido sometidos a algún tipo de apremios", reconoció en un momento, al ser preguntado por la presidenta del tribunal. "En esos casos se daba intervención al fiscal y a la Defensoría", añadió. Cabe recordar que uno de los fiscales era Víctor Saccone (padre de la actual fiscal Adriana Saccone) denunciado por rechazar habeas corpus, y el otro era Pedro Tiscornia.

"Sin la complicidad del Poder Judicial no hubieran podido ocurrir estos hechos en ningún lugar de la República Argentina", dijo en noviembre de 2009 la entonces fiscal federal Mabel Colalongo para darle marco a la primera investigación que se abriera contra el ex juez y ex fiscal Pedro Tiscornia, señalado por varias víctimas como quien se negara a tomar las denuncias por torturas que le relataban.

Para Colalongo, todo comenzó a gestarse "durante esta audiencia, sobre todo a partir de las declaraciones de la testigo Adriana Quaranta que era una abogada que trabajaba en el Poder Judicial federal rosarino, en la fiscalía de Tiscornia, que después fue jueza, quien relató que antes de ser privada de su libertad, le advirtieron que debía renunciar el Poder Judicial, porque no le garantizaban la vida". Por si caben dudas, en la Defensoría estaba Laura Inés Cosidoy.