Desde Santa Fe

Carlos Reutemann tendrá que explicar en la Justicia el origen de los fondos de su campaña electoral en 2009, cuando renovó su banca en el Senado de la Nación y la de su colega Roxana Latorre. El fiscal Walter Rodríguez informó ayer a un operador de Lole y responsable económico financiero del Frente Santa Fe Federal, Humberto Martínez, los hechos que se le imputan y las pruebas que hay en su contra, con lo cual ahora tendrá que designar abogado y hacer el descargo por escrito. Será una instancia clave, porque después el fiscal deberá resolver si acusa y avanza en la causa penal, o si archiva el expediente. La investigación penal se inició por una supuesta violación a la ley 26.215, que regula las condiciones lícitas de financiamiento de los partidos políticos, y que, por lo tanto, prohíbe el aporte de empresas contratistas del Estado.

Martínez fue citado por el fiscal Rodríguez porque en las elecciones de 2009 era una especie de jefe de campaña de la alianza que postuló a Reutemann, integrada por el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Conservador Popular y el Partido Demócrata Cristiano. Es conocido por su militancia en el MID y en el gremio estatal Upcn. Así que ayer, después de las 11, concurrió a un despacho del Ministerio Público, donde le leyeron los hechos que se le imputan y las pruebas que hay en su contra; entre ellas, una auditoría contable que reveló que Santa Fe Federal contrató propaganda en medios de la zona por más de medio millón de pesos que "nunca fueron blanqueados ante la Justicia", dijeron las fuentes. Después, lo invitaron a nombrar defensor y hacer el descargo por escrito. Y ahí terminó la audiencia.

La causa investiga "la falta de acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña".

Entre otras cosas, el fiscal Rodríguez descubrió que el ex gobernador recibió "aportes privados que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la ley: 'la aceptación y recibimiento de contribuciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales". Y mencionó los "aportes" que en aquel momento realizaron dos reconocidos empresarios de la provincia: Carlos Capisano (secretario de la Federación Industrial de Santa Fe y directivo de la Unión Industrial Argentina y Carlos Galán (ya fallecido y también ex dirigente de la UIA). Cada uno habría donado 10 mil pesos que quedarían subsumidos en las previsiones del artículo 15, inciso h, de la ley 26.215 que establece que los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Según el fiscal, Reutemann recibió otros 10 mil pesos de la Fundación Isalud, "la cual podría tener restricciones a la capacidad de realizar aportes a agrupaciones políticas, por su objeto social", dice el dictamen. Además, la enumeración fiscal detectó otras contribuciones de ese estilo como fondos del Banco Hipotecario, la Cámara Española de Comercio de la República Argentina y de las empresas Continental Transporte Público Automotor SA, Inelco S.A, Italgas SA, La Veloz del Norte SA, Laromet SA, Obring SA, Servicios Portuarios SA, Terminal 6 SA, y Werk Constructora SA. Todas estas empresas, de acuerdo a la ley, tendrían prohibido contribuir al financiamiento de agrupaciones políticas por ser concesionarias de servicios u obras públicas.

Una auditoría contable que se realizó en las cuentas del frente Santa Fe Federal detectó "operaciones que no se encuentran incluidas en el informe final" que el frente presentó ante la Justicia. Básicamente, se trata de propaganda en distintos medios de comunicación que superaron en ese entonces los 550 mil pesos. El fiscal explicó que "existen diferencias entre ciertos gastos de publicidad incluidos en el informe final presentado, y los informados por la empresa auditora de medios, y el correspondiente medio televisivo".

Por último, Rodríguez señaló que Santa Fe Federal no habría incluido en el informe gastos efectuados en concepto de publicidad en la vía pública, por más de 117 mil pesos.