Desde Santa Fe.

La trama por el cargamento de más de una tonelada y media de marihuana que apareció en noviembre en un container de doble fondo en Arroyo Leyes ya envuelve a la cúpula de la Policía santafesina. El juez federal Reinaldo Rodríguez llamó a declaración indagatoria para el 26 y 27 de agosto al ex jefe de la Unidad Regional I, Sergio Vergara y el ex subjefe, Sergio Fernández por presunto "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público". Los dos fueron acusados por el fiscal Walter Rodríguez de haber montado una supuesta "investigación paralela" a espaldas y "sin conocimiento" de la justicia para salvar su responsabilidad en el caso. El fiscal había pedido las indagatorias el 15 de julio y el juez las ordenó el 5 de agosto, por lo que Vergara está citado el miércoles 26 y Fernández al día siguiente.

En la causa hay cuatro presos: el ex jefe de Orden Público, Cristian Hang y el ex jefe de la 8ª Zona de Inspección, Martín Díaz, ambos procesados por un supuesto "encubrimiento" de un ex sargento de Drogas Peligrosas, Alejandro "Aguja" Agüero, quien tenía el "poder de disposición" de la droga y esa noche dejaron escapar junto con el chofer de un segundo camión, Juan Carlos "Chueco" Villalba, que -según el juez Rodríguez- se utilizó para el trasbordo de "buena parte" de la carga. Hang, Díaz y Agüero fueron detenidos en diciembre, pero Villalba recién seis meses después, a principios de junio.

Vergara y Fernández ya habían sido imputados en diciembre, pero entonces el fiscal sólo les pidió que hicieran su descargo por escrito. Los otros investigados eran Hang, Díaz, Aguero y siete policías que esa noche del 2 de noviembre operaron en patrulleros de la zona y firmaron un acta con la "versión oficial" del procedimiento. Después, el fiscal descubrió que lo que se había presentado como un golpe al narcotráfico escondía otra trama por la que ahora están detenidos Agüero, Villalba y los dos comisarios.

Según el fiscal Rodríguez, el avance de la pesquisa complicó la situación de Vergara y Fernández, sobre quiénes pesa ahora "un estado de sospecha suficiente" para solicitar su declaración indagatoria por supuesto "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

El camión apareció el domingo 2 de noviembre, cerca de la medianoche, en Arroyo Leyes, al oeste de la ruta 1. Los primeros en llegar fueron Díaz y Hang. A las 2.45, Fernández se puso al frente del procedimiento y si bien Vergara no estaba en Santa Fe "tenía noticias de lo que estaba ocurriendo", relató el fiscal. A las 4.55, Fernández llamó al secretario del juez Rodríguez, para anoticiarlo del "hecho ocurrido".

A partir de ahí, y durante el lunes 3 y hasta el miércoles 5, el fiscal Rodríguez relató en su dictamen una cadena de episodios en los que intervinieron Vergara y Fernández para "salvaguardar su propia situación y la de subordinado y hoy procesado con prisión preventiva, Hang", explicó.

"En lugar de cumplir con su deber, Vergara se dedicó a brindar declaraciones periodísticas tendientes a reforzar la versión oficial del procedimiento". Y después, junto con Fernández, en lugar de "poner en conocimiento del juez y del fiscal" las "graves sospechas" que rodeaban el hallazgo, "resolvieron llevar adelante diligencias" que el fiscal calificó como una "estrategia de defensa conjunta", en la que incluyó a Hang.

"Vergara y Fernández, junto con Hang, actuaron unilateralmente y en forma autónoma respecto de la investigación" que ya realizaba el doctor Rodríguez, "llevando a cabo una suerte de pesquisa policial paralela y sin conocimiento ni aval del fiscal", agregó.

El ex jefe de la Unidad Regional I y su segundo, "soslayaron la figura del juez y luego la del fiscal, en punto a que la autoridad judicial tiene el deber de proceder directamente e inmediatamente a investigar los hechos puesto en su esfera de actuación y en un claro caso de abuso de autoridad llevaron a cabo la mencionada investigación paralela".

Es más -advirtió el fiscal-, mientras ocurría esta cadena de episodios que relató en su dictamen, "se produjo una sobreactuación mediática" de ambos jefes "sin autorización del juez ni del Ministerio Público, que pusieron en serio riesgo el descubrimiento de la verdad".