Desde Santa Fe

El gobernador Antonio Bonfatti logró nombrar a dedo a un funcionario de su gabinete, el fiscal de Estado adjunto Dalmacio Chavarri y a un asesor de los senadores del PJ Oscar Biagioni, como vocales del Tribunal de Cuentas para que controlen los números de su propio gobierno, a pesar de que el primero había sido impugnado por los colegios de Abogados de Santa Fe, Rafaela y Reconquista por "incompatibilidad legal" para ocupar el cargo. Las designaciones recibieron el acuerdo tácito esta semana, al fracasar el jueves la Asamblea Legislativa por un segundo faltazo general y consecutivo de los diputados del Frente Progresista y los senadores del PJ. Chavarri y Biagioni comparten el antecedente de haber sido funcionarios de Hermes Binner, igual que la fiscal de Casilda, Carla Cerliani (ex directora de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial), otra de las promovidas por el silencio parlamentario, que ahora logró lo que no había podido en 2013, cuando intentó pasar de la Casa Gris a Tribunales y su pliego fue rechazado por la Asamblea. "Estamos ante el doble discurso de un gobierno que pregona la calidad institucional y después acomoda a los amigos del poder", dijo el diputado del Frente para la Victoria, Leandro Busatto, al salir del recinto semivacío.

El fracaso de la Asamblea Legislativa volvió a dejar a la vista lo que el senador de la UCR, Lisandro Enrico, consideró un esquema de "gobernabilidad" entre Bonfatti y los senadores del PJ, pero que su colega del Movimiento Evita Eduardo Toniolli llamó "acuerdo político" para el "cambio de figuritas".

Chavarri es el segundo funcionario del gabinete que promociona Bonfatti. Ya en noviembre de 2012, había propuesto al entonces fiscal de Estado Jorge Barraguirre como procurador general de la Corte Suprema de Justicia, quien también fue designado de la misma manera: el acuerdo táctico ante sucesivos fracaso de la Asamblea Legislativa por ausencia de los diputados del oficialismo y los senadores del PJ.

En la Asamblea del jueves, además Chavarri y Biagioni, debían tratarse otros 24 pliegos: 20 de defensores oficiales, una jueza del Tribunal Colegiado de Santa Fe, María Carolina Moya y tres fiscales: Silvana Susana Casas (en Firmat), Marcelo Maximino (en Rosario) y Cerliani (en Casilda), que quedaron aprobados de manera ficta.

Chavarri había sido impugnado por los colegios de Abogados de Santa Fe, Rafaela y Reconquista por una "incompatibilidad legal". La ley 12.510 de Administración Financiera impide a funcionarios del gabinete pasar a organismos de control hasta dos años después de dejar el cargo, lo que significa que si el fiscal de Estado adjunto se fuera en diciembre recién podría asumir en el Tribunal de Cuentas a fines de 2017 o en 2018. Bonfatti mandó el pliego en abril, lo retiró a las dos semanas a pedido del senador de la UCR, Hugo Marcucci, para la campaña electoral y lo volvió a mandar el 18 de junio, cuatro días después de las elecciones que ganó el gobernador electo Miguel Lifschitz.

Busatto interpretó la promoción de Chavarri y Biagioni como un "daño institucional". "Es grave que se designen dos miembros del Tribunal de Cuentas sin que ni siquiera se traten los pliegos en la Legislatura. Son dos vocales que van a auditar las cuentas de la provincia en los próximos años y una de ellos (Chavarri) fue impugnado por una incompatibilidad legal", dijo en un diálogo con Rosario/12.

"Nosotros sabíamos que esto podía ocurrir, lamentablemente. Y por eso vinimos a dejar constancia política de que no estamos de acuerdo y de hecho firmamos el dictamen para que se rechazara el pliego de Chavarri (junto con los diputados Avelino Lago y Alejandra Vucasovich).

"Es el doble discurso del gobierno que pregona la calidad institucional, pero después acomoda los amigos en el poder", advirtió Busatto. "Esto ya lo hemos visto no sólo ahora sino en los últimos ocho años en los organismos del control, donde el socialismo designó funcionarios cercanos a Binner o a Bonfatti o militante del partido, lo que no me parece malo, lo que si no puede ser que ocupen lugares estratégicos en los organismos de control. Y esto se termina rubricando con acuerdos políticos, en algunos casos con el oficialismo y en otros, con otras fuerzas políticas en el Senado o en Diputados", concluyó el legislador.