Desde Santa Fe

Tres ministros de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner participaron ayer en la adjudicación de la cárcel federal que se construirá en Coronda, con 192 plazas, un campus de 60 hectáreas y una inversión de 350 millones de pesos, lo que permitirá desocupar entre 80 y 120 plazas de internos federales alojados en unidades de la provincia. "Vamos a cumplir una deuda histórica de la Nación con Santa Fe", dijo el ministro de Justicia, Julio Alak, quien reivindicó la política nacional en la materia. "Los privados de libertad gozan de todos los derechos humanos, excepto la libertad, por lo tanto, tienen derecho a un hábitat digno, a la educación, a mantener el vínculo familiar y a trabajar por una remuneración digna porque no estamos en la época de la esclavitud", dijo. "No queremos que una persona salga de la cárcel sin educación ni trabajo porque vuelve a reincidir. La única manera de contribuir a que se evite el delito es que salga fortalecida en su vínculo familiar, educada, con formación laboral y un proyecto de vida", agregó.

En el acto participaron la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez y su colega de Defensa, Agustín Rossi, ex presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria y quien reclamó "insistentemente por esta obra", se encargó de recordar Alak. Los acompañaban, el anfitrión y presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, el vicegobernador Jorge Henn y el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, entre otros.

"Estamos felices por esta obra", planteó Alak. "Es una deuda histórica de la Nación porque el Servicio Penitenciario Provincial aloja entre 80 y 120 internos privados de libertad en causas federales" que "impactan negativamente" porque es "una ocupación indebida". "El Servicio Federal tiene que tener cárceles propias para alojarlos", agregó.

La política nacional apunta "a corregir ese estilo" de que "la Nación sólo tenía cárceles federales en territorios nacionales (la Patagonia, el Chaco y Formosa, hasta que se provincializaron) o "los internos federales alojados en unidades provinciales" porque "había pocos". "Y esto no es así", reconoció.

Alak explicó entonces el plan de construcción de cárceles federales: una en Salta (488 plazas) que "estamos terminando", otra en Cuyo (510 plazas) que "está en ejecución en un 80 por ciento y se terminará a fin de año". La de Coronda (192 plazas) y una cuarta en Resistencia, donde "ya comenzamos las obras". "Con las cuatro vamos a cubrir unas 1.500 plazas porque está en obras la más grande de todas, que es la de Mercedes, provincia de Buenos Aires, con 1.500 plazas", explicó. "Esto nos va a permitir cerrar la cárcel de Devoto. La Capital Federal no tendrá ninguna cárcel porque ya fue cerrada Caseros y hace dos años la presidenta tomó la decisión de cerrar el Borda que era el testimonio de la mala intervención y el Moyano, que era para mujeres".

"Con la construcción de la cárcel de Mercedes, tenemos ya cinco cárceles federales en obras y en 2017, de los 9.000 internos federales, vamos a tener casi 4.500 en unidades federales con este concepto del campus como el de Coronda que tendrá 60 hectáreas, o en el de Mercedes (200 hectáreas), el del Chaco (40 hectáreas) o Mendoza (50 hectáreas) para que tengan un hábitat digno.

"La presidenta siempre nos dice que los privados de libertad gozan de todos los derechos humanos, excepto la libertad, por lo tanto, tienen derecho a un hábitat digno, a la educación, a mantener el vínculo familiar y a trabajar por una remuneración digna. Aunque sea un tema polémico, los privados de libertad tienen que tener derechos y si trabajan y producen objetos que se venden y generan ingresos al Servicio Penitenciario o producen. Por ejemplo, los uniformes del Servicio Penitenciario, la vestimenta de los empleados del Ministerio de Justicia, los formularios e impresos del Registro del Automotor y del Registro de Propiedad lo hacen los internos. Si trabajan y producen deben tener una remuneración digna porque no estamos en la época de la esclavitud. Y si esa retribución se deposita en un banco público en un 80 por ciento para su grupo familiar, el privado de la libertad mantiene su condición de jefe de hogar, que es lo que tenemos que proteger, que no pierda la relación con la familia porque eso genera depresión y en algunos casos suicidios.

"La clave es el vínculo familiar y la educación", apuntó Alak. "El 80 de los privados de la libertad no están alfabetizados, no terminaron la primaria o no tienen el secundario. No podemos permitir que el Derecho Penal sea para los pobres y el Derecho Civil y Comercial para las clases medias y altas. La educación es esencial y eso se puede hacer en lugares con espacio y amplio para educar".

"Lo tercero es el trabajo. No queremos que una persona salga en libertad sin educación ni trabajo porque camina dos cuadras y recibe un llamado telefónico de la banda que integraba, que le dice: æTenemos un trabajito para vosÆ y vuelve a reincidir. Tiene que salir con formación laboral, fortalecida en su vínculo familiar y con un proyecto de vida. La única manera de contribuir a que se evite el delito es que esa persona tenga un proyecto de vida", concluyó.