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En el marco de la audiencia realizada el pasado miércoles en la que se debatió el planteo del Servicio Público de la Defensa Penal para que la la causa que investiga la muerte de Gerardo Escobar pase al fuero federal, que por el momento no prosperó, el Defensor Gabriel Ganon envió una nota al Fiscal provincial, Julio De Olazabal, por el posible incumplimiento de su instrucción a los fiscales. Ganon remarcó que en este caso "existen sospechas de que podría existir personal de una fuerza de seguridad provincial implicado en estos hechos que culminan en la desaparición de la víctima y su posterior aparición sin vida, por lo que dicho delito podría ser encuadrado en una desaparición forzada de persona". Durante la audiencia, los fiscales argumentaron que necesitan más elementos de prueba y dijeron que era prematuro que la causa pase a la justicia federal. En este marco, Ganon pidió ayer la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), solicitando que pida la competencia federal en la causa.

La nota a De Olazabal fue enviada anteayer a los fines de ponerlo en conocimiento sobre hechos que podrían configurar faltas disciplinarias cometidas por Fiscales pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación en la causa que investigan la desaparición y posterior muerte de Escobar. Ganon advirtió que esto es consecuencia de la ausencia del cargo de Auditor General de Gestión, quien tiene la facultad de recibir denuncias y quejas contra los Fiscales por faltas disciplinarias es el Fiscal General provincial, en razón de ser el superior jerárquico del funcionario aún no designado, dentro de la estructura del MPA.

En la audiencia, Ganon planteó la necesidad de que la Fiscalía aplique la instrucción general N° 13 del año 2014 ordenada por el Fiscal General, Julio De Olazabal. A criterio del Defensor, es "indiscutible" que están dados los presupuestos establecidos en dicha instrucción, citando además una marcada jurisprudencia en el caso.

Los fiscales mantuvieron su postura de negar la competencia federal refiriendo que aún no se encuentran acreditados extremos que clarifiquen si se trata o no de una desaparición forzada de persona por ser prematuro en la investigación. Sin embargo, señala Ganon, los funcionarios "no tuvieron en cuenta dicha instrucción la cual manifiesta que en los casos en que exista una sospecha razonable en los primeros momentos de la investigación deben solicitar al Juez Penal la competencia federal.

Ganon pidió ayer la intervención de la Procuvin y una audiencia con la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. La solicitud pedido generó expectativas. "A partir del fallo Sergio Avalos, la Corte Suprema de justicia de la nación adhiere a todos los argumentos dados por la Procuradora", explicó el Defensor. El joven Avalos desapareció en 2003 luego de ir a bailar a un boliche en Neuquén, y la Procuradora pidió que se investigue como "desaparición forzada de persona", la corte coincidió con el dictamen y mandó a cambiar al fuero federal.

La Tienda va a demandar. El representante legal del bar de Tucumán al 1100, cuyo personal de seguridad está imputado en la causa por la muerte de Escobar, y que fue clausurado definitivamente por la intendencia, adelantó ayer que presentarán una demanda por daños y perjuicios y por lucro cesante contra la Municipalidad. "Los abogados especialistas en daños y perjuicios estaban evaluando las acciones civiles que van a iniciar debido a esta sanción que la Municipalidad adoptó ayer (por el jueves), fundamentalmente por el motivo de la misma que derivó en el cierre definitivo del local", señaló a LT8 el abogado Ignacio Carbone.