Ciento cincuenta efectivos policiales con armas largas y carros de asalto, intentaron desalojar a una familia de campesinos del norte santafesino que resistó la medida dictada por un juez que desconoció la vigencia de una ley que impide el desalojo. El grupo que resistió el desalojo estaba formado por treinta pequeños productores campesinos, acompañados por su abogado Iván Bordón y militantes de la CTA Rafaela. Los "desalojados" era la familia Barberis, quienes habitan el campo desde hace tres generaciones y ya fueron desalojados en otra oportunidad. Tras el frustrado operativo, el abogado Bordón responsabilizó "al subsecretario de Seguridad Gerardo Chaumont, al ministro de Seguridad Raúl Lamberto y al gobernador Antonio Bonfatti que da el visto bueno para llevar adelante el despojo de la tierra de estas familias".

El campo --ubicado en la zona de El Palmar, 35 kilómetros al noroeste de Gato Colorado-- fue escenario del hecho que ocurrió el último domingo a primera hora de la mañana cuando ingresaron al lugar 150 efectivos de las fuerzas de seguridad, entre los que se contaban, policías y personal de Bomberos de Vera y 9 de Julio, Guardia Rural Los Pumas, ambulancias, Infantería, entre ellos Daniel Alcaraz, quien suena como el próximo jefe policial de Miguel Lifschitz, además de efectivos de las Tropas Especiales de Operaciones (TOE) de Rosario. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar en patrulleros, trafics y camiones de asalto.

Al amanecer, alrededor de setenta efectivos entraron al campo a pie. Durante la madrugada, varias familias de campesinos ya se encontraban en el campo y cruzaron un tractor sobre la tranquera, al que le quitaron una rueda para impedir el ingreso de los vehículos policiales. El resto de los efectivos ingresaron por el acceso trasero al campo, acompañado de trafics, patrulleros y camionetas, dejando así rodeados a los pequeños productores campesinos agrupados en la Asociación Civil de Campesinos que preside Cacho Barberis, a quien se intentaba desalojar.

Los campesinos presentes junto al abogado Bordón y militantes de la CTA cercaron la vivienda de Barberis con los autos y camionetas con los que contaban y se ubicaron dentro de dicho cerco para impedir el ingreso a la vivienda y resistir pacíficamente el desalojo.

Cuando el juez Federico Nicola leyó la orden de desalojo, el abogado de los campesinos denunció "la ilegalidad e irregularidad del operativo" y señaló que "la medida que se estaba tomando era ilegítima e injusta ya que viola la Ley provincial 13.334". La norma fue aprobada por unanimidad en 2013 y prohíbe los desalojos por cinco años. Bordón aclaró que "las familias de campesinos allí presentes, que habían apelado la medida, se encontraban defendiendo su legítimo derecho a la tierra e iban a hacerlo pacíficamente, hasta las últimas consecuencias, pero decididos también a poner en juego su vida si fuera necesario". Además, el letrado destacó que "los pequeños productores campesinos se encuentran amparados por la Ley que otorga la posesión de la tierra a quienes la habiten por un período mayor a veinte años". Por eso denunció que el procedimiento que pretendían concretar las fuerzas de seguridad junto al juez Nicola "era ilegítimo ya que debía realizarse, de acuerdo al protocolo establecido, cuando lo determinara el juez y avisando con anterioridad a quienes vayan a ser desalojados. En este caso, el Juez dio la libertad a las fuerzas de seguridad que establezcan ellos el día en que se realizarían el operativo de desalojo y la familia Barberis no fue anoticiada de que se iba a llevar a cabo.

La negociación fue tensa pero en todo momento pacífica por parte de los pequeños productores campesinos y duró aproximadamente una hora y media. Todo concluyó con el retiro del juez junto a las fuerzas de seguridad presentes sin haber podido concretar el operativo de desalojo.