Tras la muerte de Verónica Cabrera, de 19 años, en la ciudad de Santa Fe, como consecuencia de un aborto clandestino en condiciones inseguras, la diputada provincial por el Partido Socialista, Lucrecia Aranda, presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial sobre el cumplimiento del Programa de Procreación Responsable y la reducción de la tasa de mortalidad materna que establecen las metas del programa nacional. "Porqué se espera una tasa de 4,6 (cada diez mil nacidos vivos) mayor a la de 3,6 registrada en 2004, y porqué es la mayor de la Región Centro, al tiempo que la disminución esperada es la menor", pregunta la legisladora, quien quiere saber también por qué la provincia no posee una Comisión de Análisis de Muertes Maternas e Infantiles.

El pedido de informes elaborado por Aranda toma en cuenta la información brindada por el jefe del Gabinete nacional, Alberto Fernández, en la Cámara de Diputados de la Nación en agosto pasado. Según la legisladora, esa presentación develó que "Santa Fe es una de las jurisdicciones que incumplen o no informan datos claves para la reducción de la mortalidad materna, situación que merece ser explicada formalmente por el Gobierno provincial". Para la legisladora, esta información es clave, ya que "el problema del aborto clandestino no se resuelve ocultándolo, ni con la penalización como lo demuestra el altísimo número de abortos, la vida se protege con acciones concretas de las cuales es responsable el Estado provincial".

Aranda tomó en cuenta los datos del propio Fernández, quien resaltó que "el Programa de Salud Sexual es una política de Estado, prioritaria en esta gestión ya que su objetivo es disminuir la extraordinaria cantidad de abortos por embarazos no deseados. Se estima en 500.000 al año los egresos hospitalarios por abortos en todo el país".

En ese sentido, y teniendo en cuenta el lineamiento nacional, Aranda considera "preocupante que la ministra de Salud santafesina, Silvia Simoncini, entienda al aborto como una cuestión legislativa y no como un problema de salud pública", y agrega que la funcionaria "intenta despegarse de la realidad del aborto como si no fuera de su competencia".

Entre las preguntas respecto del programa de Procreación Responsable ﷓que ya generó un pedido de informes de otra diputada, Alicia Gutiérrez, hace más de un año﷓ Aranda quiere saber qué actividades de información a la población se efectuaron este año, con un detalle de lugares, fechas y temas abordados. El incremento de las actividades de información constituye la meta 5 del programa Nacional. La meta 6, en cambio, se refiere a los servicios de consejería a las personas que concurren a centros de salud públicos, y allí también la diputada socialista indaga "en qué efectores de salud provincial están funcionando".

En cuanto a la maternidad materna, cuya principal causa en la Argentina es el aborto, Aranda pregunta cuál es la tasa de egresos por aborto en los centros de salud provinciales (es decir, cuántas mujeres concurren para completar sus abortos clandestinos en condiciones inseguras, o por las infecciones que estas prácticas provocan), ya que Santa Fe no giró al gobierno nacional ni esas cifras, ni las de mortalidad materna en su territorio. Es decir, la estadística nacional no cuenta con registros de la provincia.

Los datos que Fernández giró al Congreso nacional indican también que Santa Fe es una de las provincias que no desarrollan actividades de capacitación para resolver los problemas de mortalidad materna.

Aranda subraya especialmente en su pedido de informes que la visión de Simoncini desconoce "una realidad que planteaba con crudeza el jefe del Servicio de Ginecología del hospital Cullen, Miguel Angel Carusotto". El profesional manifestó esta semana que "el raspado uterino es la principal práctica quirúrgica" de ese centro sanitario, ya que representan el 40 por ciento de las entre 550 a 600 intervenciones que realizan cada semestre. "Lo que pasa es que muchas veces es difícil discernir cuáles son abortos espontáneos y cuáles provocados. No obstante, ante sospechas de maniobras abortivas, infección y demás, se hace la denuncia correspondiente", dijo el profesional.

Los médicos del Cullen, como muchos de la provincia, intentan así salvar las vidas de mujeres que las arriesgaron para terminar con embarazos que para ellas eran imposibles de continuar. Con Verónica no pudieron.