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Sábado, 14 de mayo de 2016

SANTA FE › EL CRUCE POR LAS ARMAS QUE DEBíAN SER DESTRUIDAS SUMA VERSIONES.

La Corte prefiere el silencio

El secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, David Reinero, aseguró que están "abocados a dilucidar" lo que pasó y también suavizó el choque: dijo que Pullaro "no responsabilizó" al máximo Tribunal por la irregularidad.

Mientras el Ministerio Público de la Acusación de la ciudad capital intenta dilucidar quiénes son los responsables del ingreso al mercado ilegal de armas que estaban destinadas a ser destruidas, ayer trascendió que las 15 pistolas estaban en una misma bolsa, y que habrían quedado en un patrullero que las trasladaba a la empresa de fundición. Al mismo tiempo, el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, David Reniero, aseguró: "Estamos abocados a dilucidar quién fue el que metió estas armas en el circuito ilegal". Y aclaró: "En ningún momento el ministro Maximiliano Pullaro responsabilizó a la Corte Suprema de Justicia, solo explicó el procedimiento por el que pasaron esas armas", dijo sobre el convenio firmado en la gestión anterior de gobierno, para que sea el máximo tribunal el encargado de la destrucción de las mismas. En la Corte, nadie hizo declaraciones, ya que la mitad de los ministros no estaban en Santa Fe.

El 3 de noviembre del año pasado se ordenó destruir, luego de una clasificación, armas y municiones que estaban en el departamento de Logística de la Policía santafesina. La instrucción incluía catalogar las armas y fundir las piezas por separado. El Ministerio de Seguridad advirtió que tenía varias armas reglamentarias en desuso y remitió tres partidas para que sean quemadas, bajo responsabilidad de la Corte. Tras ello, el procedimiento que hace el Poder Judicial es con personal policial, que colabora en el traslado de las armas hacia la empresa de fundición, con un acompañante en representación del Tribunal.

El 4 de diciembre, el problema se habría dado con la tercera partida de armas que viajaba en diferentes bolsas hacia la fundición. Lo que se lleva al horno, según explicaron fuentes cercanas al caso a este diario, es la parte metálica de las armas, no así las piezas de plástico o madera; por lo que llegan incompletas al horno.

Aquel día, cuando esa partida fue cargada en el baúl del patrullero, se realizó el traslado, pero -al parecer- una de las bolsas, con 15 armas, quedó en el móvil policial. Ahora, el fiscal Andrés Marchi deberá dilucidar qué personas realizaron ese procedimiento y quiénes son los responsables de que la bolsa no haya sido bajada de la patrulla aquel día.

Según la investigación, esas armas aparecieron luego en el mercado ilegal. Los datos extraoficiales a los que accedió este diario indican que 13 pistolas ya fueron recuperadas en cacheos realizados por personal policial de calle. Esa recuperación ocurrió en febrero de este año. Las fuentes negaron que las armas se hayan encontrado durante la comisión de delitos.

"En la anterior gestión había un acuerdo con la Corte que es la que tiene la potestad de destruir estas armas, ambos poderes estamos abocados a dilucidar quién fue el responsable de meter estas armas en el circuito ilegal", dijo ayer Reniero. En tanto, expresó que "el fiscal Marchi está tratando de reconstruir es el circuito del traslado de esas armas que se inicia en el departamento de Logística de la policía provincial".

El funcionario aclaró que "no son 700 las armas que desaparecieron --como se publicó días anteriores--, sino 15. Hay que ver quién desvió las armas de ese lote, hay responsabilidades que habrá que detectar, y en connivencia con quién estuvo la persona que desvió las armas al mercado ilegal".

Anteayer, luego que se conociera la faltante, el ministro Pullaro apuntó a la Corte. Asimismo, indicó que a su cartera le pueden caber "responsabilidades políticas", aunque advirtió que las piezas "habían sido entregadas a la Corte Suprema para ser destruidas".

Si bien en los últimos dos días hubo reuniones con representantes de la Corte, desde ese tribunal no hicieron declaraciones al respecto, ya que la mitad de los ministros no estuvo en Santa Fe.

"Uno no quiere quitarse responsabilidades, hay responsabilidades legales, por quienes robaron esas armas; también jurídicas ya que quien hace el convenio con el Ministerio de Seguridad es la Corte Suprema de Justicia que era la encargada de destruir esas armas. Y finalmente responsabilidades políticas porque esas armas se perdieron, figuraban destruidas y no era así", lamentó Pullaro anteayer.

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David Reinero recordó que el acuerdo con la Corte viene de la gestión anterior.
Imagen: Sebastián Granata.
 
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