Desde Santa Fe.

El intento de sacarles a los concejos municipales la facultad de definir la tarifa del transporte urbano de pasajeros y dejarla en poder de los intendentes se diseñó a medida de Rosario. El operativo quedó a la vista en la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando el Frente Progresista propuso incorporar una "cláusula transitoria" a la ley orgánica de municipios para que "el Ejecutivo municipal pueda, por el término de cuatro años, modificar la tarifa y modalidades de pago" en el servicio de colectivos, si los "estudios de costos" justificaran el aumento. Un troyano que el presidente del bloque oficial, Eduardo Di Pollina, se vio obligado a retirar del debate apenas su bancada se desgranó con anuncios de votos en contra y se rompió el acuerdo con el PRO, que -antes- había acompañado el dictamen con la firma de dos legisladores. Di Pollina lamentó que el "consenso en las comisiones no se reflejara en el recinto" y recordó que otros municipios "ya tienen ese mecanismo", así que no entendía "por qué" no se podía extender a Rosario y Santa Fe. La queja cerró una pifia política, que dejó reproches, broncas y el pronóstico de quienes se anoticiaron del asunto en sus bancas: "Que se olviden de este proyecto. No sale más porque no tienen los votos para sacarlo", dijo uno de los rebeldes.

La "cláusula transitoria" a la ley 2.756 de municipios -que autorizaba a los intendentes a aumentar el boleto urbano sin intervención del Concejo- fue incorporada como artículo 4º de la reforma a otra ley, la 13.462, que se conoce con el nombre de su autor, Luis Rubeo y dispone un Fondo Compensador para subsidiar el transporte con el 5 por ciento del impuesto de Sellos. A mediados de abril, Rubeo había propuesto aumentarlo al 10 por ciento, pero después aceptó que sea el 8 por ciento, como retrucó el Frente Progresista.

El proyecto pasó por la comisión de Transporte, pero fue en la de Presupuesto -que preside Julián Galdeano- donde se incluyó el artículo 4º. El despacho del oficialismo reunió seis firmas: tres de la UCR (Galdeano, los ex intendentes Edgardo Martino y Fabián Palo Oliver), dos socialistas (Clara García y Joaquín Blanco) y Verónica Benas. Y el de minoría, la de Héctor Cavallero, del Frente para la Victoria.

La comisión de Asuntos Constitucionales sumó "consenso" y once avales: seis del frente oficial (Rubén Galassi, Di Pollina y Cecilia Ayala, del PS y los radicales Santiago Macheroni, Alejandro Boscarol y Jorge Henn) y dos del PRO (Raúl Fernández y Norberto Nicotra). Los peronistas Rubeo, Roberto Mirabella y Germán Bacarella plantearon una "disidencia parcial": votaban el aumento del Fondo Compensador, pero no el artículo 4º.

Los dos despachos salieron el mismo jueves y la sesión arrancó a las tres de la tarde. En Labor Parlamentaria, que reúne a los jefes de bloques, Rubeo volvió a plantear que votaría en contra de la "cláusula transitoria" y no hubo otros comentarios.

Antes del debate, la diputada Alicia Gutiérrez le señaló el dictamen a su colega del PDP, Gabriel Real: "Yo no voy a votar esto", le dijo. Era el artículo 4º, que autorizaba a los intendentes a aumentar el boleto urbano, sin el Concejo. Real se molestó por haberse enterado del asunto en el recinto y le anunció al presidente de su bloque que él tampoco lo votaría.

--Si vos votás en contra, vamos a perder la votación --le contestó Di Pollina.

--¡No me importa! --replicó Real.

El desgranamiento oficial siguió con los socialistas disidentes Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger, quien dijo que el artículo 4ª era una reforma "solapada" y "disfrazada" dentro de otra "iniciativa que no tiene nada que ver". Y advirtió que podía generar "conflictos de poderes" entre intendentes y concejales.

Enfrente, Cavallero dijo que los cinco diputados del FpV también votarían en contra y Roy López Molina sumó los nueve de Cambiemos. Lo que no explicó el jefe del PRO es por qué sus amigos Fernández y Nicotra habían firmado el dictamen de Asuntos Constitucionales, que adhería al despacho de Presupuesto, donde se gestó el operativo. No lo leyeron o cambiaron de idea en el recinto. Y si había algún acuerdo, estaba roto.

Siguieron los votos en contra: Federico Reutemann (que llegó en la lista del Pro, pero responde al jefe de UPCN, Jorge Molina), dos del Frente Social (Carlos Del Frade y Mercedes Meier). "Repudiamos y lamentamos el agregado de este artículo 4º que se metió de manera solapada, y disminuye la estatura democrática de la Legislatura, que no nos merecemos", dijo Del Frade. Y los peronistas Julio Eggiman y Claudia Giaccone. Ya eran 23 en contra y una abstención (la de Gutiérrez).

Di Pollina retiró entonces el artículo 4º y lamentó que el "consenso" en comisiones "no se vea reflejado en el recinto". Un directo a López Molina porque Fernández y Nicotra habían firmado el despacho y recularon.

En la Legislatura se especula sobre el origen del operativo. Una fuente oficial se lo atribuyó al "núcleo duro" que rodea a la intendenta Mónica Fein, "a los radicales que están en su gobierno" y "al secretario general de la Municipalidad, Pablo Javkin". La mención a Javkin se explica porque el diputado de la Coalición Cívica, Ariel Bermúdez acompañó a socialistas y radicales con su silencio. Y ensaya una hipótesis sobre el motivo: la paridad de fuerzas en el Concejo Municipal que se reflejó en la última puja por el boleto de colectivos (14 a 14) que se definió cuando un concejal del PJ inclinó la balanza (15 a 13). "Hay un problema de gobernabilidad en Rosario, pero pensar que eso se puede solucionar con una ley de Legislatura que le saca facultades a los concejales es un despropósito", comentó la fuente.