Desde Santa Fe.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein fue quien propuso a Miguel Lifschitz rechazar las designaciones de los dos secretarios del Ministerio Público de la Defensa, Juan Patricio Murray y Enrique Font, a pesar de que ambos ganaron sus cargos por concurso en 2012, no fueron impugnados y tenían dictámenes favorables del procurador general Jorge Barraguirre y de la Corte Suprema de Justicia. Lo planteó en una nota al fiscal de Estado Pablo Saccone -a la que tuvo acceso Rosario/12- y en la que metió una pifia que podría sumar otro indicio a la denuncia del defensor provincial Gabriel Ganón, quien consideró el bochazo como una "discriminación ideológica y política" a los penalistas y un "hostigamiento" a la Defensa. Silberstein escribió que Font ya "intentó" ser auditor en el Ministerio Público de la Acusación, pero como la Legislatura rechazó su pliego, "no consideraba conveniente traspasar la voluntad legislativa, que ha sido concreta y precisa para negar su ingreso en organismos del nuevo sistema penal". Por lo tanto -concluyó- "no resulta conveniente proceder a la designación de los propuestos". Los cargos que concursaron, y ganaron, Font y Murray, son de planta y no requerían acuerdo legislativo, así que la pregunta quedó latente: ¿fallido o excusa?

La nota de Silberstein a Saccone repasa los "antecedentes de la gestión administrativa", admite que las designaciones de Murray y Font tenían el visto bueno del procurador general y de la Corte Suprema, relata el ping pong entre la Casa Gris y la Corte que demoró la designación cuatro años en el gobierno de Antonio Bonfatti, menciona un recurso de amparo por mora en la designación que interpuso Murray y fue rechazado en Tribunales, considera el "mérito, conveniencia y oportunidad" de los nombramientos y cierra con una "conclusión": que "no resulta conveniente" designar a los "propuestos".

En el punto 3, que analiza "el mérito, conveniencia y oportunidad de las designaciones", el ministro explica que "el concurso data del año 2012, es decir han transcurrido cuatro años desde su realización" y el período de Ganón "culmina en abril de 2017". Por lo tanto, a su juicio, "no resulta conveniente" designar a Murray y Font "a escaso tiempo de producirse el vencimiento del mandato de quien configuró y aprobó la estructura orgánica" de la Defensa, que podría ser modificada "por quien pueda ser designado en ese cargo".

"Además -agregó-, Font fue beneficiario de un contrato de locación de servicios en el ámbito del mismo organismo cuya designación se promueve para cumplir funciones similares al cargo". Un "contrato que fue objeto de observación legal del Tribunal de Cuentas".

Silberstein planteó un tercer argumento en dos párrafos, que vale citar completos: "Por último, debemos indicar que cuando el señor Font intentó formar parte de los flamantes organismos creados por las leyes 13.013 y 13.014 en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, fue propuesto a la Asamblea Legislativa como auditor del Ministerio Público de la Acusación, no prestando acuerdo dicho organismos para su designación".

"Si bien se tratan de cargos en distintos organismos y con diferentes misiones y funciones, no consideramos conveniente traspasar la voluntad legislativa, la cual ha sido concreta y precisa para negar su ingreso en organismos del nuevo sistema penal", señaló el ministro.

Murray fue propuesto como secretario de Política Institucional y Font, secretario de Prevención de la Violencia Institucional y Asistencia al detenido y al condenado. Está claro que ambos cargos son de planta y no requerían acuerdo parlamentario. Así que no se entiende á qué se refirió Silberstein cuando dijo que "no era conveniente traspasar la voluntad" de la Legislatura que "ha sido concreta y precisa para negar" el ingreso de Font al MPA, si ahora el cargo que éste ganó en la Defensa no requiere acuerdo de la Asamblea. Otra doble vara. Porque hubo candidatos a fiscales a los que la Legislatura les rechazó el pliego y hoy son funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Y hasta el caso de un ex asesor de la Casa Gris al que también se le rechazó el pliego de fiscal en abril de 2013, después asumió un cargo en el MPA, subrogó una Fiscalía en Rosario en el viejo sistema y la Asamblea le aprobó el pliego tres años después de aquel bochazo. El decreto de designación lo firmaron Lifschitz y Silberstein en febrero de 2016, sin siquiera mencionar ese derrotero.