El senador Lisandro Enrico (UCR-FPCyS) ingresó esta semana un nuevo pedido de destitución contra el defensor general Gabriel Ganón. Este no es el primer intento para bajarlo de su cargo, ya hace dos años hubo una iniciativa similar. Sin embargo, ahora el cuerpo legislativo cuenta con un procedimiento para la gestión de denuncias y trámites de remoción para fiscales y defensores. "Parcialidad política incompatible con el cargo; privación del derecho de defensa a los agentes policiales; manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo; impartir instrucciones violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal", fueron algunas de las causales esgrimidas por Enrico. El pedido del senador radical lleva también las firmas de los diputados Norberto Nicotra (PRO) y Oscar Pieroni (PS). Ganón asumió su cargo el 21 de febrero de 2011 con mandato por seis años. En febrero de 2017 cesa su gestión, pero el Senado lo quiere sacar antes de tiempo. En caso de ser así, resultará casi a modo ejemplificador, ya que todo el nuevo proceso reglamentado debe durar al menos seis meses, y culminará casi al mismo tiempo en que el funcionario deba dejar su cargo. Las causas que esgrime el senador son las mismas que había presentado anteriormente en otro pedido de destitución, en 2014. Aquél intento fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para Ganón, "no una casualidad que el senador Enrico insista con el pedido de destitución contra mío. Enrico arremete contra nosotros luego del crítico informe que presentamos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la condena recibida por Santa Fe en el Comité de Desapariciones Forzadas".

"Pero eso no es nada -agregó-, porque lo que es aún peor es que el senador Enrico desconoce la ley y vuelve a la carga con los mismos cargos de la denuncia que hizo hace tiempo atrás y que nunca prosperó. Debería saber el senador que el proceso no puede iniciarse de nuevo por los mismos cargos" aclaró el defensor general. "No sólo porque implica doble juzgamiento, sino porque la propia ley lo prohíbe. ¿Será entonces que al senador no le importa ni la ley ni la Constitución sino tan sólo silenciar a quienes considera ideológicamente en sus antípodas?" se preguntó Ganón. "Esperamos entonces que semejante desaguisado y hostigamiento no prospere, y haremos las acciones legales que correspondan" advirtió.

El nuevo reglamento de enjuiciamiento fue aprobado el 19 de mayo y será utilizado para evaluar las causales por las que se intenta destituir al funcionario judicial. "Este no es un proceso administrativo, sino político. Por eso es la Legislatura la que tiene que decidir y analizar las causales de remoción", dijo Enrico en diálogo con la prensa luego de la sesión de del jueves.

"Esperamos que la Comisión de Acuerdos lo analice seriamente y con el nuevo reglamento la Comisión debe convocar al defensor para que haga su explicación y defensa y después la comisión debe emitir un despacho aconsejando o no la remoción del funcionario cuestionado", agregó el legislador que dijo que hay un plazo máximo de seis meses para llevar a cabo el proceso y que corren a partir de ahora.

El legislador del sur santafesino dijo que en principio las causales son nueve, pero que no descartaba que durante el proceso que se le iniciará a Ganón puedan surgir nuevas imputaciones. "Obviamente cada vez que se incorpore una causal, el defensor va a tener derecho a ejercer su defensa", aclaró Enrico.

Al ser consultado sobre el origen de las causales, el senador por General López dijo que "algunas son públicas y notorias" y que otras ingresaron al recinto y otras se fueron recolectando. "Las que son públicas, por lo general son expresiones suyas en redes sociales. Hay todo un elemento de prueba con el que estamos acompañando (la nota). Es un hecho que reviste gravedad y que debe ser analizado como corresponde porque esta Legislatura le dio el voto de confianza al funcionario y es la misma Legislatura la que debe analizar este pedido de remoción", concluyó.

En la nota que la Presidencia del Senado remitirá a la Comisión de Acuerdos, la primera causal que se menciona es la "actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales". Luego se enuncian: "Parcialidad política incompatible con el cargo; privación del derecho de defensa a los agentes policiales; manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo; impartir instrucciones violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal.

También se le atribuye "intervención procesal indebida siendo defensor general; actuación procesal indebida en una causa de Justicia de Menores; designación irregular del abogado Enrique Font; uso del tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a su función".

Es la segunda vez que la Legislatura intenta remover a Ganón. La primera fue en 2014, cuando 17 de los 19 senadores provinciales firmaron una nota para pedirle a la Comisión Bicameral de Acuerdos que destituya al funcionario judicial (los únicos que no lo hicieron fueron Ricardo Kauffann y Cristina Berra). Aquella vez, la movida no prosperó porque no estaba aún reglamentado el procedimiento para la gestión de denuncias y trámites de remoción de fiscales y defensores.