La sanción de la Ley Nacional de la Música significó un enorme paso para la formalización, contención y fomento a la labor musical en todo el país. Creada a partir de un trabajo federal y prolongado, la normativa 26.801 logró su aprobación unánime en el Senado en noviembre de 2012, estableciendo allí la creación del Instituto Nacional de la Música, que comenzó a funcionar formalmente once meses después. Presidido por Diego Boris (uno de los incansables miembros de la Unión de Músicos Independientes, pieza esencial en la construcción federal de la ley), el Inamu es un ente estatal no gubernamental, figura que le garantiza autonomía y representatividad.

Financiado a partir de lo determinado por el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que en su inciso g. determina la designación al Inamu de un 2 por ciento de los fondos recaudados, que proyectado para 2016 implica un total estimado de 33 millones de pesos), el ente presidido por Boris es en buena medida producto de la acción conjunta de los propios músicos, que una década atrás comenzaron a nuclearse frente a la amenaza que, entendían, significaba la reglamentación de la Ley de Ejecutante Musical creada en 1958. "Nuestra Ley fue trabajada y construida colectivamente por una gran cantidad de músicos que nos juntamos en forma asamblearia en 2006 con la intención de derogar esa norma que nos perjudicaba. Logrado eso comprendimos que teníamos que organizarnos para conseguir leyes que mejoren las condiciones en las cuales se hace música en Argentina", resume Boris, que mañana a las 18 encabezará una charla en el Sindicato de Músicos de Rosario (Juan Manuel de Rosas 1411) para brindar información acerca del programa de subsidios y el estado de situación del ente que preside.

--¿Es posible garantizar el financiamiento del Inamu a partir de lo reglamentado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Sobre todo teniendo en cuenta que es una norma que no entusiasma al gobierno de Mauricio Macri...

--El financiamiento está dado en ese artículo, el 97, al igual que el del Incaa, de Radio y Televisión Argentina y del Instituto Nacional de Teatro. De los 166 artículos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hay vigentes 150 aproximadamente, ya que se derogaron los otros artículos, algunos muy importantes. El financiamiento está, pero si sentimos que hay una afectación, los músicos estaremos allí para defender la situación, como también estarán los actores, la gente que hace audiovisual, como los distintos organismos que dependen de ese dinero para poder subsistir. Además el Inamu está generando su propio financiamiento. Así compró el catálogo de Music Hall, donde si bien se le dio la explotación a los músicos e intérpretes principales, hay un derecho de productor fonográfico que se resguardó el Instituto. Además de otras situaciones que se van generando y que permitirán recaudar desde otros lugares.

En simultáneo, el Inamu apuesta a la federalización de experiencias que tienen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como punto de partida para ciertas reivindicaciones. Por caso, la construcción de circuitos de trabajo (en tal sentido, firmarán convenios para establecer un circuito de conciertos gratuitos en universidades), el establecimiento de normas claras de negociación con los empresarios (determinando, como primer paso, un acuerdo de 70-30 de la venta de entradas en favor de los músicos, estipulando que sean los locales los que garanticen la puesta de luces, sonido y personal técnico), la ampliación del Registro de músicos (que incluye convenios de descuentos en movilidad, y que es de acceso gratuito mediante la página ww.inamu.gob.ar) y, por sobre todo, la conscientización en torno a la seguridad escénica.

Es que, según el presidente del Inamu, tras la tragedia de Cromagnon en 2004, "se legisló como si lo peligroso fuera la música y no las condiciones de seguridad". "?Se está trabajando para tratar de revertir esa situación. Para eso también pusimos una vara de seguridad, para empezar a hablar de escenarios seguros. Desde el Instituto tomamos como propio el problema que hubo en Rosario (Ndr: refiere al caso de Adrián Rodríguez, fallecido en octubre de 2015 en el Café de la Flor, en una causa que será elevada a juicio), Córdoba, Moreno e Ituzaingó, con músicos que fallecieron por descargas eléctricas. Creo que todos tenemos que tomarlo como propio, entonces empezamos a trabajar en un manual de prevención de riesgo y venimos trabajando con distintos organimos para firmar convenios que permitan generar normas de seguridad, aunque no de forma persecutoria, sino para poder cuidarnos".

En ese contexto, otra de las apuestas del Inamu es la de fomentar normativas que eviten entorpecer la actividad musical. Una situación que, en Rosario, podría encontrar solución a partir de la sanción del proyecto de creación de los Clubes Sociales y Culturales, presentado en 2015 por las concejalas Caren Tepp, María Eugenia Schmuck y Fernanda Gigliani. "Estamos viajando todo el tiempo a distintos lugares del país, hablando con las autoridades, tratando de generar esta idea de que la música no es peligrosa y las normas de habilitación tienen que ser exactamente iguales para un bar donde así como hay mozos trabajando también puede haber músicos trabajando -explica Boris-. Cuando no hay cambios de condiciones de seguridad en un lugar, la música no debería generar un permiso extra. Esto es complejo de conseguir, pero se está trabajando para tener doctrina judicial, antecedentes de habilitaciones y, también, legislación comparada".

--Algunas de estas situaciones que mencionás son pasos intermedios que apuntan a formar público, generar mejores condiciones de trabajo para el músico, ¿qué se proyecta en términos de mediano y largo plazo?

--La idea a futuro, de acá a cuatro o cinco años, es que un músico pueda ingresar a la plataforma de Inamu desde Rosario y pueda diagramar una gira en Jujuy a partir de encontrarse con qué lugares hay dentro del circuito estable, que pueda ver cuál es el tipo de arreglo, el contacto. También, de acá a dos o tres años, que podamos trabajar una norma laboral que permita tener inclusión en los beneficios sociales, ART, una pensión a futuro. También entendiendo que una actividad como la nuestra, que tiene millones de personas que la cultivan, implica que en algún momento los músicos determinen en qué lugar se quieren situar. No es lo mismo un músico que tomó la decisión de ser músico y lleva veinte o treinta años tocando, que alguien que se sube a un karaoke los fines de semana. Hay que construir una ley que sea realmente cumplible, ni tan amplía como para que se licúe el beneficio pero tampoco tan restrictiva.

--El universo de los músicos es muy amplio. Si bien hay puntos en los que todos pueden coincidir, seguramente surgirán disputas de interés. ¿Los propios músicos pueden obstaculizar el avance en torno a esa normativa?

--Primero se tiene que dar una discusión hacia adentro de la actividad. Claramente se vio en el 2005 con la Ley de ejecutante musical, cuando un sector consiguió algo que era específico para ese sector y miles de músicos salieron a oponerse, por lo que esa norma se derogó. O sea, si no hay consenso dentro de la propia actividad, va a ser muy difícil lograr cualquier norma legislativa. El asunto es construir los consensos, entendiendo que no debe primar el interés sectorial, el fundamentalismo, por sobre el bien común. Por éso hay que dar un debate amplio y encontrar un punto de equilibrio dentro de la actividad musical.