Desde Santa Fe.

Ya están presos los ocho represores del D2, como se llamaba al servicio de inteligencia de la Policía santafesina, entre ellos uno de sus jefes, Germán Raúl Chartier, en una causa por delitos de lesa humanidad que -por primera vez- puso bajo la lupa a una de las patotas más numerosas y violentas de la dictadura. "Una organización criminal", la calificó el Ministerio Público. Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal Martín Suárez Faisal el 31 de mayo, pero el juez Reinaldo Rodríguez dejó pasar la feria y recién las ordenó un mes después, el 26 de julio. El último de los policías recién fue localizado esta semana, el martes13, lo que significa que transcurrieron tres meses y medio desde que el fiscal pidió las ocho capturas hasta que se concretaron todas. Y algo más: sólo tres de los detenidos están en la cárcel de Las Flores: el comisario Eduardo Enrique Riuli, el oficial Juan Antonio Fernández y el cabo Antonio Rubén González, que aún no llegaron a los 70 años, porque a los otros cinco, que superan esa edad, el juez ya les concedió el arresto domiciliario, aún antes de correr vista a la Fiscalía.

En la causa se investiga la caída del último responsable político del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Santa Fe, Catalino Paez, el secuestro y torturas a su esposa y al mayor de sus hijos de 14 años y a ocho de sus compañeros, en 1980.

Rosario/12 ya informó que los primeros cuatro presos eran tres comisarios: Angel Roberto Córdoba, Fernando Mendoza y Riuli (que llegó a ser jefe de la Unidad Regional XI en el departamento Las Colonias) y el sargento Rubén Oscar Insaurralde.

Córdoba e Insaurralde fueron detenidos el 29 de julio, Mendoza el 2 de agosto y Riuli, el 16 de agosto. Una de las víctimas declaró que conocía a Insaurralde porque había sido el "jefe de la custodia" del ex jefe de Policía de la provincia, coronel Carlos Alberto Ramírez.

La segunda tanda siguió con la detención del cabo Antonio Rubén González, el 22 de agosto; el comisario Chartier el 1º de setiembre; el oficial Juan Antonio Fernández, el 6 de setiembre y el cabo Omar Molina, el 13 de setiembre. Sólo Riuli, González y Fernández están en el penal de Las Flores, los otros cinco ya tienen domiciliaria.

El fiscal Suárez Faisal imputó a Chartier como "autor mediato" de los secuestros y tormentos "sufridos por todas las víctimas (Paez, su esposa, su hijo y sus ocho compañeros) en razón de haberse desempeñado como jefe del Departamento Informaciones de la Unidad Regional I, a partir del 21 de diciembre de 1976, con el cargo de subcomisario. Chartier operó en inteligencia "desde el 24 de marzo de 1971 hasta el 31 de marzo de 1982".

Según el Reglamento Orgánico de la Policía -que citó el fiscal- las "funciones" de Chartier eran "la búsqueda y reunión de informaciones", su comunicación al "jefe y a la plana mayor de la Unidad Regional I", proponer "medidas de contra inteligencia y contra sabotaje tenientes a impedir la obtención de información al oponente y proteger al personal, instalaciones y material de la institución policial".

Suárez Faisal mencionó una de las pruebas de la "persecución ideológica" que Chartier dirigió contra Páez, su familia y sus compañeros. Es un informe de la División de Informaciones de los años 1972 y 1973 en la ciudad de Laguna Paiva y en la localidad de Nelson, donde vivían las víctimas, que se encontró en la causa "Páez, Arnaldo Catalino y otros" del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe (expediente 370/83).

El Ministerio Público "atribuyó" a Chartier una "responsabilidad funcional" porque tenía el poder de "ordenar la comisión de los hechos o la posibilidad de evitarlos". Por lo tanto, es "responsable, en su carácter de autor mediato, por los delitos cometidos por sus subordinados en la cadena de mandos". La "doctrina penal" considera que "el instrumento" de los jefes "es otro ser humano, dominado por la voluntad de un 'hombre de arriba' ubicado en el aparato organizado de poder".

"En una organización criminal, son los "autores de escritorio' o 'autores de despacho', que en si mismo no colaboran de propia mano en la ejecución del hecho punible, pero sí tienen el dominio del suceso típico porque al disponer de la organización, cuentan también con la posibilidad de convertir las órdenes del 'aparato' para asegurar la ejecución de los hechos. Esta cadena de manos supone que la responsabilidad será mayor cuando se acerca gradualmente a la fuente de poder, e inversamente menor cuando se aproxima al ejecutor material del hecho", concluyó el fiscal.