Desde Santa Fe

Una sentencia judicial que obliga al gobierno de Miguel Lifschitz a cesar en los "tratos crueles, inhumanos y degradantes" a presos en cárceles santafesinas no se cumple porque aún no fue notificada, a pesar de que ya transcurrieron seis meses. "Un escándalo jurídico", denunció el defensor regional Sebastián Amadeo, quien promovió un habeas corpus colectivo hace dos años, logró dos resoluciones favorables: en primera instancia, en diciembre de 2014 y en la Cámara, en abril de este año, pero ayer -en una audiencia en Tribunales se enteró que el Ministerio de Seguridad zafó todo este tiempo porque no le comunicaron las "mandas judiciales". "Si me dicen que en un estado de derecho pasa esto, digo que es un chiste de pésimo gusto", dijo Amadeo, quien advirtió que la situación "no quedará así" y pedirá que se investigue el cajoneo.

El debate dejó a la vista a un secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, destemplado, que admitió el "hacinamiento" de los detenidos, dijo que las 35 fotos del submundo carcelario que exhibió la Defensa pública "no lo sorprendían" y chicaneó: "¿Ustedes creen que es soplar y hacer cárceles?"

El juez de la audiencia, Jorge Patrizi, dejó pasar el tono alto y burlón de Cococcioni. El habeas corpus fue presentado por el defensor provincial Gabriel Ganón y Amadeo en noviembre de 2014 ante el "colapso del sistema carcelario" en Coronda, Las Flores, el penal de Mujeres y la colonia de Recreo. El 29 de diciembre de 2014, Patrizi admitió el recurso y ordenó que se cumpla el pliego de la Defensa y en abril de este año, la Cámara confirmó el fallo.

Ayer, el defensor regional amplió la denuncia por "hechos nuevos" y pidió sanciones por el "incumplimiento de las mandas judiciales" en estos seis meses, que se apliquen "astreintes" (sanciones económicas) a funcionarios incumplidores, planteó Amadeo. "Decir que los detenidos están privados de libertad es un eufemismo, la provincia los priva de todos sus derechos. Y esto tiene responsabilidad para el Estado", agregó.

Al lado de Cococcioni se sentó el fiscal Estanislao Giavedoni, quien sólo intervino dos veces. En el arranque, cuando cuestionó la participación de dos asistentes de Amadeo: la directora del Registro Provincial de Torturas, Lorena Negro y el abogado y antropólogo Gastón Bosio, pero el juez Patrizi desestimó el planteo. Y al final, cuando pidió una copia del informe que la Defensa fundamentó ayer. "Está en el legajo desde el 7 de setiembre, no es tarea nuestra tarea distribuir copias", lo acomodó el defensor.

Coccocioni preguntó en que condición había llegado a audiencia, si era "testigo", "parte" o "imputado". Y comenzó a revolear. "Yo no represento a la provincia, esa función es del fiscal de Estado (Pablo Saccone)". El juez le aclaró que lo había citado por que es responsable del área. "Desconozco la sentencia", retrucó el funcionario. Y ahí quedó a la vista que ni él, ni Saccone, ni el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro fueron notificados de la resolución de Cámara, de abril.

A pesar de que parecía fácil, Cococcioni no pudo con su enojo por el pedido de sanciones a funcionarios incumplidores. "Amenazar con el pago de astreintes es una falta de respeto", saltó. "¿A nosotros nos van a poner astreintes? ¿En serio?". El tono alto retumbaba en la sala.

Una de las denuncias de Amadeo era por "la falta de mecanismos de prevención de la tortura" en las cárceles. Coccocioni recordó que la ley nunca salió de la Legislatura. "¿Le van a cobrar astreintes a los diputados y senadores?". Recordó que la cantidad de internos se había duplicado en la década y le tiró a los jueces por "el uso y abuso de la prisión preventiva". "¿Le van a cobrar astreintes a los jueces?", preguntó, aunque al final del debate pareció arrepentirse y trató de aclarar el exabrupto.

Uno de los momentos más tensos fue cuando la Defensa exhibió 35 fotos del estado de las cárceles, que estremecían. "No me sorprenden", se defendió Coccocioni frente al juez. "¿Hay hacinamiento en las cárceles? Sí. Pero ¿dónde los vamos a llevar" Y ahí, soltó esa frase a su estilo: "¿Ustedes creen que es soplar y hacer cárceles?". Amadeo retrucó la chicana como una "falta de respeto" y expresó que el comentario sobre las fotos era la "naturalización de la violencia institucional". Al primer pedido de sanciones, "ya ningún funcionario es competente de nada". La falta de notificación es "un escándalo jurídico", consideró el defensor y también "un chiste de pésimo gusto".

El juez justificó la mora porque hay un recurso pendiente en la Corte Suprema. "Son mecanismos normales". Y ordenó: que se notifique el fallo del 29 de abril a Pullaro y a Saccone y se apliquen "astreintes" en el futuro.