El fiscal santafesino Héctor Millén le requirió a un juzgado de instrucción que investigue la compra de 140 motoniveladoras chinas por parte del gobierno provincial. Justamente el funcionario a investigar Antonio Grbavac dejó su cargo como responsable de la Dirección Provincial de Vialidad por "razones personales" hace sólo unos días, luego de haber estado en el ojo de la tormenta tras la operación con un empresario santacruceño "de la mayor compra de maquinaria vial en la historia de Santa Fe". Millen titular de la Fiscalía N° 7 apoyó de esta forma la denuncia presentada la por los diputados provinciales Hugo Marcucci (UCR), Raúl Lamberto (PS) y Alicia Gutiérrez (ARI). Para el fiscal "prima facie estamos frente al posible incurrimiento de los denunciados en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública articulo 174 inciso 5 del Código Penal, en este caso el gobierno de la provincia de Santa Fe, que podría resultar perjudicado por el menoscabo provocado en su erario". El juzgado Penal de Instrucción de la Tercera Nominación será el encargado de investigar la polémica compra por parte de la provincia de 140 motoniveladoras de origen chino. El doctor Julio César Costa reemplazará a José Manuel García Porta quien se excusó de intervenir por amistad con uno de los integrantes de la comisión que evaluaba las ofertas.

Concretamente el 12 de octubre el fiscal Millen envió al juzgado de instrucción de la Primera nominación la requisitoria de instrucción donde le solicita al juez instructor que concrete estas diligencias:

* Que reciba declaración testimonial a los denunciantes, es decir Lamberto, Gutiérrez y Marcucci

* "La inmediata intervención del perito contador del poder judicial Mario Machado para que analice el expediente y coteje y especifique desde su técnica contable si las falencias apuntadas por los denunciantes en su escrito se corresponde documentalmente, como asi también indique las anomalías procedimentales que detecte por contraponer lo actuado por la legislación vigente".

* "Que recabe urgente informe al Registro Público de Comercio a fin de conocer si la empresa Austral Construcciones SA se encuentra debidamente registrada informándose cual o cuales es o son su lugar o lugares de radicación (domicilio o domicilios) y quienes son sus responsables jurídicos y económicos".

* "Que recabe urgente información a la DGI y AFIP para que informe y documente si la empresa Austral Construcciones sa es contribuyente registrado y si ha oblado sus atributos de conformidad a su giro comercial. Y específicamente, si lo hizo a raíz de haber obtenido la licitación que aquí se investiga".

* "Se requiera un informe urgente a la Dirección Nacional de Migraciones para que se haga saber: la fecha de salida del país de los señores Antonio Grbavac, Eduardo Luzzi, y del señor Giardino (funcionario de Vialidad Provincial)".

El fiscal Millen remarcó en su escrito que "todo lo expuesto en base a lo relatado a la presentación motivan formular este requirimiento positivo de instrucción habida cuenta que en perjuicio de la nomenclación que los denunciantes insertan, calificando legalmente el obrar de los primeramente nombrados, digo que: prima fascie estamos frente al posible incurrimiento de los denunciados del delito de fraude en perjucio de la administración pública articulo 174 inciso 5 del Código Penal, en este caso el gobierno de la provincia de Santa Fe, que podría resultar perjudicado por el menoscabo provocado en su erario".

La denuncia presentada ante el fiscal Millen por parte de los tres diputados provinciales constaba de 50 fojas y más de 400 páginas, que es la documental que adosaron los legisladores. Pero en rigor fue el periodista Maximiliano Ahumada de la revista Entre Líneas quien hace varios meses había develado las irregularidades. En ese sentido, el diputado Hugo Marcucci (UCR) explicó que la empresa Austral Construcciones SA -de la provincia de Santa Cruz- logró adjudicarse la venta de estas maquinarias por un valor de 51 millones de pesos, "en forma totalmente parasitaria".

Según la denuncia, la firma patagónica logró una intermediación de 12 millones de pesos y eso sería lo que pagó de más la provincia en dicha compra. Además, Marcucci nombró otras irregularidades que conforman todo el proceso, como ser que "el objeto social de la empresa no la habilitaba a hacer este tipo de transacción comercial (compra-venta) y que el presidente de la firma no tenía las formalidades como tal -al momento de la licitación-, con lo cual debió haberse desechado esta propuesta".

También, que "el 15 de septiembre debían entregarse las máquinas si no había una multa y no se entregaron esa fecha, la multa no aparece y no se sabe de qué valor es"; incluso, "se habla de un contrato de distribución que tampoco aparece en el expediente".

-¿En su momento el gobierno provincial había defendido al funcionario argumentando que habían funcionado todos los controles como el Tribunal de Cuentas y que no había nada que objetar?- preguntó Rosario/12

-Esto es falso, el Tribunal de Cuentas hace sus objeciones y lo envía a la Dirección de Vialidad para que hagan ese descargo y cuando el Tribunal se encuentra evaluando la respuesta, el expediente regresa a Vialidad y no solo que no volvió nunca mas al organismo de control sino que Vialidad en nombre del Tribunal de Cuentas dice que una vez contestado el tramite el expediente deber ir a archivo, lo que es un verdadero absurdo", contestó Marcucci.