La comisión investigadora del Concejo Municipal pidió ayer la destitución del intendente Martín Balbarrey por su responsabilidad política en las inundaciones del 29 de marzo último que dejaron más de 50.000 damnificados y un muerto. "Inoperancia, incapacidad, negligencia", fueron algunos de las 20 cargos que la comisión imputó a Balbarrey en una pesquisa que le demandó 90 días y logró probar, entre otras cosas, que "el 60 por ciento del sistema de bombeo de la ciudad no estaba en condiciones operativas al comienzo de la crisis". El informe final fue leído en el recinto del Concejo ante un buen número de damnificados y en un acto que tuvo también su escena patética cuando cuatro mujeres salieron a los gritos en defensa de Balbarrey. "¡Ustedes son provocadoras que mandó el intendente!", le contestaron desde el otro lado de la barra. Una de las revoltosas se identificó como militante del PJ.

En estos cuatro meses, Balbarrey intentó por todos los medios torpedear el trabajo de la comisión. Llamó "golpistas" y "cobardes" a los concejales del arco opositor que decidieron indagar su responsabilidad en el manejo de la crisis. Después, vetó la resolución del Concejo que había aprobado la comisión investigadora y recusó a sus cuatro integrantes: los radicales Jorge Henn y Carlos Pereira, la socialista Marta Fassino y el peronista disidente Fabián Ferreira, enrolado en las filas de Oscar "Cachi" Martínez. Los concejales del PJ actuaron en sintonía con Balbarrey: se negaron a sumarse a la comisión y hasta levantaron sospechas. "Esto me hace acordar a las comisiones de la Revolución Fusiladora de 1955: su único fin es destituir a Balbarrey", llegó a decir la jefa del bloque oficialista, Liana Moraguez.

Sin embargo, ayer la comisión finalizó su cometido y puso las pruebas que acusan a Balbarrey sobre la mesa: un expediente de ocho cuerpos y más de 2.000 fojas, 285 fotografías, ocho CD, 25 denuncias penales presentadas por ciudadanos e instituciones ante la justicia, 67 pedidos de obras sin atender, 2.200 testimonios escritos, 327 recortes periodísticos, 98 versiones taquigráficas de las entrevistas con los santafesinos que declararon en la causa y tres constataciones con escribano público. Todo ello, sintetizado en un informe final de 60 fojas.

"Los santafesinos creíamos que existía un antes y un después de la catástrofe del río Salado el 29 de abril de 2003. Creíamos que las tremendas consecuencias en vidas humanas, daños psicológicos y materiales habían servido para tomar conciencia acerca de la vulnerabilidad de la ciudad de Santa Fe y que el Estado provincial y municipal iba a poner en marcha las acciones estructurales y preventivas necesarias", dice el dictamen. "Pero la inundación del 29 de marzo del 2007 vino a desmentir rotundamente esa creencia: Santa Fe sigue siendo tan vulnerable como lo era en 2003 y, lo que es peor, la imprevisión y la improvisación aparecen como las únicas respuestas de la Municipalidad ante fenómenos hídricos o pluviales extraordinarios", agregó.

Balbarrey "nunca tomó conciencia de la situación y, por lo tanto, nunca actuó seria y responsablemente", dice más adelante el informe. "Es cierto que Santa Fe padeció un fenómeno climático 'extraordinario'; pero extraordinario no significa imprevisible... Y ese es otro elemento importante para determinar las responsabilidades del municipio: la ciudad no estaba preparada para 400 milímetros de lluvias, pero tampoco para 150 milímetros".

La comisión imputó a Balbarrey 20 cargos para destituirlo por su "inoperancia, incapacidad y negligencia en el manejo de la crisis". Entre otras cosas, lo acusan de haber publicitado un "plan de contingencias virtual" que "solo existió como borrador o documento de trabajo", pero nunca se puso en práctica. "La falta de un plan de contingencias real llevó a procedimientos de evacuación y apertura de centros de evacuados de manera caótica. Y ante el desorden y desorganización de las áreas operativas de la Municipalidad que no pudieron coordinar, ni mínimamente, la asistencia a las víctimas" obligaron al gobernador Jorge Obeid a "asumir el manejo de la crisis"

Una de las imputaciones más grave es la séptima. "La comisión investigadora relevó la situación de 45 bombas o sus instalaciones" y descubrió que "27 de ellas no estaban en condiciones de funcionar porque faltaban equipos, por problemas de mantenimiento o por falta de energía eléctrica. Dicho de otra manera: el 60 por ciento del sistema de bombeo de la ciudad no estaba en condiciones operativas al comienzo de la crisis", dice el informe.

"La Municipalidad de Santa Fe no contaba con una programa de mantenimiento del sistema de bombeo y, en los meses previos a la inundación de marzo de 2007, las bombas que eran retiradas por desperfectos técnicos no eran reinstaladas. La desidia municipal en materia de mantenimiento afectó, incluso, las propias instalaciones de las estaciones de bombeo, lo que fue objeto de insistentes reclamos de los propios operarios municipales ante los funcionarios, a través de notas y pedidos que casi nunca tuvieron respuestas", concluyó.