A veinte días de disponerse la intervención de Central, el órgano de gestión transitoria en el club no ha podido echar luz sobre los problemas a los cuales se comprometió a desentrañar. Central está cercado judicialmente por 475 juicios, soporta estoicamente la asfixia financiera impuesta por tres "inversores" que reclaman dudosas acreencias y padece un engorroso padrón de socios. En contraposición a esta aguda problemática, cada uno de los interventores (son tres) nombró a un colaborador, omitiendo disponer así del trabajo de los profesionales que cuenta la entidad, y obligando a la tesorería a auriazul a doblar la cifra de dinero que deberá pagar en el futuro por su intervención. Y si se recuerda que los últimos apoderados del club ahora le reclaman a Central millones de pesos por sus honorarios, se corre el riesgo de que los interventores entreguen la entidad a sus nuevas autoridades con un pasivo más grande del que la tomaron.

El trabajo de los interventores en Central todavía no entregó las soluciones esperadas por la jueza Liliana Giorgetti. Por el contrario, algunos de los actores acercados por la Justicia recortaron el compromiso asumido por no estar en consonancia por las medidas tomadas hasta aquí. Uno de ellos es el abogado de la Asociación del Fútbol Argentino, Hugo Pazos, designado representante del club en la AFA, quien no volverá a la ciudad para participar de las reuniones del órgano interventor.

Pazos fueron perdiendo las ganas de colaborar cuando advirtió que en cada reunión que participaba veía una cara nueva, dispuesta como colaboradores por los interventores sin que tengan nombramiento alguno en el expediente. El titular del Colegio de Abogados, Arturo Araujo, acercó a Pedro Kassabián, que también es miembro del directorio de la entidad que nuclea a los letrados; el titular del Consejo de Ciencias Económicas, Ricardo Schneir, aproximó a la contadora Alicia Pereyra; y la contadora Sonia Clark confía en Tristán García Montaño.

Lo que preocupa a socios del club, que no tendrán ambiciones políticas en las elecciones del 11 de noviembre, es cuánto le saldrá la intervención a Central, más aún tras estos nombramientos de hecho, y advirtiendo que los interventores no anticiparon a los socios cuáles serán sus honorarios.

Al respecto, Central está curado de espanto. Sobra con recordar la experiencia de los últimos apoderados --entre ellos el ex directivo Autarco Arfini--, quienes prometieron patrocinar a Central bajo renuncia de honorarios y ahora exigen al club más de 5 millones de pesos.

Al margen de los inesperados nombramientos, al día de hoy Central está al descubierto jurídicamente, puesto que nadie ejerce la representación legal de la entidad, a pesar que el club padece 475 juicios, todos ellos iniciados tras la apertura de la convocatoria de acreedores. Y, lo más grave, nadie se ocupa por resolver los embargos, por más de 10 millones de dólares, impuestos por los famosos "inversores", sobre los cuales recaen serias dudas respecto a la veracidad de sus respectivas acreencias.