La dirigencia de Central deberá definir en las próximas semanas el plan financiero a ejecutar para el segundo semestre del año, que tendrá con probabilidad al primer equipo jugando en la B. El juzgado que entiende en el concurso preventivo descarta la aplicación de un fideicomiso sin desplazamiento de autoridades del club, por lo cual la conducción que preside Norberto Speciale deberá hacer frente a embargos y reclamos de deudas sin cobertura judicial. En tal sentido, el viernes ingresaron en el juzgado tres intimaciones de pago por acreencias no saldadas, por más de un millón de pesos, y se espera el fallo sobre el recurso de revisión requerido por Juan Antonio Pizzi, por más de dos millones de pesos, desestimados en primera instancia por la sindicatura del concurso.

Speciale desmintió en la edición de ayer de Rosario/12 la opción de fideicomiso para Central. El contexto económico e institucional de los canayas no tiene analogías con la situación de Ñuls, que desde 2009 se encuentra bajo tutela judicial. En Central un auxilio similar supondría el desplazamiento de sus autoridades, tal cual dispone la Ley 25.284.

En el juzgado que entiende en el concurso canaya le aclararon a Lisandro Araujo, hijo de Arturo, ex interventor del club, y apoderado de la entidad auriazul, que no es viable el salvataje judicial en Arroyito en los términos dispuestos en el parque Independencia.

Por lo cual la comisión directiva canaya debate por estos días la estrategia para mantener el club con autonomía económica. En julio se armará el plantel de fútbol que afrontará la nueva temporada y para ello el club no deberá tener embargos ni deudas con los jugadores.

Con un pasivo que supera los 50 millones de pesos, la intención de los canayas en "negociar deudas vencidas con cada uno de los acreedores", como ocurrió días atrás con el representante de jugadores Juan Carlos Silvetti.

Pero a un mes de abrirse el libro de pases la tesorería recibió los primeros trastornos judiciales. El viernes pasado se presentaron en el juzgado que entiende en el concurso preventivo tres reclamos por deudas verificadas en la convocatoria no saldadas. Dos de ellas son por montos menores y no se exige la quiebra del club, sino la intimación a la entidad para abonar la acreencia. La tercera sí es por una cifra millonaria: Alberto Carracedo, hermano del ex diez canaya, reclamó el cobro de un millón de pesos verificados en el concurso. En Central aseguran que la gestión de Horacio Usandizaga abonó dicha acreencia, pero la auditoría no encontró el comprobante pertinente.

Además se espera la resolución sobre la acreencia de Pizzi, quien hace ocho años pretende percibir 2.551.750 pesos, dinero que le cedió a la última gestión de Víctor Vesco, aunque aún no se comprobó que el dinero haya ingresado al club.