Luego de analizar el expediente, la Fiscalía Nº 10 solicitó ayer la detención de tres dirigentes y un inversor de Central, a quienes encontró en su investigación autores de delitos penales como "estafas reiteradas", "estafa procesal" y "asociación ilícita", contravenciones que no son excarcelables y que contemplan hasta 15 años de prisión. La fiscal Rita Schapapietra pidió la detención de los directivos suspendidos Gonzalo Estévez, Juan Dalbes y Mauricio Salvo, además del abogado devenido en inversor, Wilfredo Scarpello. El informe de la Fiscalía fue elevado al juez de Instrucción en lo Penal N° 4, Jorge Eldo Juárez, quien hoy se expedirá al respecto. La estrategia de los acusados es trasladar la causa al juzgado Nº 4, que está a cargo de Luis María Caterina.

Como lo anticipara Rosario/12 en su edición del pasado sábado 9, la fiscal Rita Schapapietra solicitó ayer la detención de Estévez, Dalbes, Salvo y Scarpello, como resultado del estudio del expediente en el cual la Justicia investiga la adulteración del libro de actas (comprobado por testigos) y los vínculos firmados entre directivos y Scarpello, donde por medio de sus autoridades Central reconocía al inversor una acreencia de más de 4.500.000 dólares, que fue garantizada con la cesión del pagaré del Real Madrid, derechos de televisión, el pase de Ronald Raldes y el 13 por ciento de cualquier jugador profesional del club.

La configuración de asociación ilícita se desprende de la composición de cuatro personas en el armado de las estafas de la cual fue víctima el club, atento a la conclusión a la que llegó Schapapietra. ¿Por qué a sólo tres dirigentes se le pide su detención? Porque fueron, por jerarquía de cargos, quienes firmaron las operaciones bajo sospechas. Estévez como secretario, Dalbes como vicepresidente en ejercicio de la presidencia por licencia de Pablo Scarabino y Salvo como tesorero.

En concreto, a los dirigentes se los acusa de haber adulterado el libro de actas --recordar que estuvo diez días misteriosamente desaparecido-- para presentar como prueba que el polémico convenio con Scarpello había sido tratado en reunión de Comisión Directa, afirmación que fue negada por algunos de los directivos mediante una denuncia penal en la cual dejaron constancia de que nunca se dio a conocer tal transacción.

Pero las pesquisas no sólo siguen detrás del libro de actas, sino también de la operación financiera, sospechada de leonina, donde el club cede casi todo su patrimonio deportivo al inversor sin poder explicar cuánta plata le acerco al club oportunamente y menos aún esclarecer qué hizo la entidad con aquel dinero. Incapaces de rendir cuenta y sin argumentos serios, la fiscal llegó a la conclusión de que Central fue víctima de la asociación ilícita que procedía a estafar a la institución.

La gravedad de la acusación deja a los sospechados al borde de la privación de su libertad. Quizás con pretensión de evitar el fin reclamado ayer por la fiscal, Estévez, por medio de su abogado Carlos Erbetta, solicitó al juez Eldo Juárez, quien debe estudiar el pedido de Schapapietra, el traslado de la causa al juzgado de Caterina. ¿El motivo? Descansa allí otra denuncia penal sobre los dirigentes, que tiene más de dos años de antigüedad, donde se debería investigar la probable falsificación del balance contable presentado oportunamente para abrir el pedido de convocatoria de acreedores. Si en todo este tiempo Caterina no se ocupó sobre esta demanda, ¿será expectativa de los acusados que suceda algo similar con la actual causa?

Entre tanto, el suspendido secretario de actas Carlos Casati presentó ayer una denuncia penal contra Pablo Scarabino, a quien acusa de haberse quedado, tiempo atrás, con cheques retirados de la AFA. En su presentación Casati omitió explicar por qué no lo denunció en su momento, en procura de preservar los intereses del club.