Los vecinos del barrio Combate, de la ciudad de San Lorenzo, presentaron en la justicia dos amparos ambientales para que se dejen sin efecto las autorizaciones que tiene la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para construir un muelle para buques y barcazas en pleno ejido urbano. El muelle estaría destinado a la carga y descarga de cereales y fertilizantes que provocan un polvillo nocivo para la salud y las maniobras de los buques afectaría el suelo del barrio cercano al Paraná. Cerca de mil firmas de vecinos acompañan los dos amparos, uno apelando a la ley 10.000 de intereses difusos y el otro presentado ante la justicia federal, puntualizó el abogado patrocinante Jorge López Mirossevich.

En relación a la primera presentación, Mirossevich explicó que "la Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, es la autoridad que ha otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental, aprobando el estudio de impacto ambiental que el ACA presentó a fin de poder realizar esas obras". En este sentido, detalló que "los estudios de impacto ambiental fueron dos. Una posterior a un incendio y explosión que hubo en la planta hace unos años, que destruyó cerca del 80 % de los silos; entonces encararon toda una renovación y presentaron el primer estudio de impacto ambiental. Después tuvieron que presentar otro para hacer el muelle destinado a embarcar buques de hasta 200 metros de eslora y barcazas, y mover cereal y fertilizantes. Nostros impugnamos la autorización que les dio la Secretaría de Medio Ambiente provincial, porque tiene distintas irregularidades".

En tanto, el muelle fue construido con la autorización de la Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables y tampoco está exento de irregularidades. "Hubo cuestiones formales -afirmó Mirossevivh-, como no haberle exigido la contratación de un seguro ambiental, obligatorio según la ley; no haber llamado a una audiencia pública donde los vecinos puedan expresar lo que piensan e influenciar sobre la decisión, no de una manera vinculante, sino para dejar sentados los fundamentos por los cuales se aparta de la resolución tomada por la audiencia".

Sumado a esto, el letrado encuentra que "hay irregularidades de interpretación en cuanto a los efectos que el autor del estudio de impacto ambiental de la empresa dice que van a ocasionar en distintos aspectos del medioambiente". En este sentido, explicó que "el cereal además de despedir polvillo también despide restos de gases de productos agroquímicos que se le agregan, porque si el recibidor de granos detecta algún tipo de vestigio de insecticidas o de fumigante, la rechaza. O sea que el cereal tiene que estar muy bien fumigado y se utiliza para eso muchísimos agroquímicos. El más común es la fosfina, que tiene un efecto residual y produce efectos nocivos para la salud".

"Por otro lado –acotó- como tampoco aceptan que la carga tenga residuos del gas de la fosfina, hay que ventearlo y todas esa operaciones se tienen que hacer al aire libre. Los vientos se encargan de diseminar todo eso por el ambiente, y obviamente en las casas vecinas".

Mirossevich reconoció que "no es posible una actividad industrial que no contamine. No hay ninguna actividad del hombre que no contamine", pero "cuando ésta se da en magnitudes industriales, la contaminación también es proporcionalmente de esa escala. Entonces no hay manera de que haya actividad industrial no contaminante, pero pueden bajarse mucho los niveles de contaminación hasta que sean aceptables, sustentables, en el sentido de que puedan mantenerse en el tiempo y no se deterioren la salud de la población actual ni de las generaciones posteriores".

Sin embargo, en esta caso particular explicó que "no es posible que haya un muelle ahí porque aunque funcionara de manera mínimamente contaminante, su mera existencia contradice la política de urbanización de la ciudad" y detalló: "El barrio Combate tiene una ordenanza que regula la existencia de un barrio, de un camino ribereño, que se une con la calle Falucho, que debe ser expropiado en un segmento para que pueda servir como bajada al río, y como enlace de esa colectora que llega a la calle central, la avenida San Martín". Estas cuestiones "fueron tenidas en cuenta cuando se dictó esa ordenanza municipal". Además, hay una ordenanza vigente "que aspira a recuperar los balcones al río, ganarle terreno mediante obras de rellenado, para evitar también los procesos de erosión", señaló y explicó que "lo que está vinculado con la erosión es también la velocidad de la masa de agua del río, y ésta aumenta cuando aumenta el calado del canal. Así el dragado permite la circulación de buques de mayor tonelaje, entonces hay intereses económicos -muy aceptables e importantes para toda la región- que tienen que ser considerados, pero no por eso aplastar otros valores que son tanto o más importantes que los económicos: la salud de la población, el medio ambiente, y los recursos renovables".

Para regular el dragado, se debía crear un órgano de control, pero desde 1993 nunca se concretó dicha instancia. "Entonces no hay nadie que verdaderamente ejerza una actividad de fiscalización y de control de adónde van los fangos o si se comercializan esas arenas". En consecuencia, denunció Mirossevich, "nuevamente los intereses de las corporaciones no son controlados y en vez de hacer inversiones legítimas, como comprar predios en lugares donde no haya estos problemas, o hacer inversiones para que haya un verdadero aislamiento de su actividad -que en este caso sería imposible-, externalizan esos costos ambientales y hacen que sea la comunidad la que lo soporte".

Informe: Paula Kearney