La Causa de los Trabajadores del Cordón Industrial, abierta el último mes en la justicia federal local, que busca juzgar a los responsables de la muerte y desaparición de 19 militantes y dirigentes sindicales ocurridas durante la última dictadura, ya sumó cuatro testimonios. Sin embargo el juez Marcelo Bailaque decidió, por el momento, no ir contra los responsables del poder económico que se beneficiaron con la represión. Es que la querella pidió individualizar a la máxima jerarquía de cada una de las industrias del cordón, algo que el juez todavía no aceptó. "Estas informaciones son sumamente necesarias para poder individualizar a posibles responsables de los crímenes investigados, y citarlos a prestar declaración indagatoria", dice la querella. "Esperemos que no sea una operación de maquillaje del juez para quedar bien frente a la corporación judicial, y nada más" opinó Soledad Chiodín del espacio Memoria, Verdad y Justicia de San Lorenzo, al momento de valorar la apertura de la causa, la que advirtió "estuvo cajoneada largo tiempo".

"Hay testigos directos que declararon por primera vez en la causa de los trabajadores del cordón: Mirta Castellini, hermana de Irma Castellini, delegada de la comisión interna de ceramistas; Carlos Parente, hermano del conscripto Hugo Parente; Eduardo Escocina, conocido como el 'Bocha Pili', quien fuera presidente del Concejo de San Lorenzo, y que dejara cesante a Pedro Rodríguez", explica Soledad Chiodín, militante del espacio Memoria del Cordón Industrial. En estos días también declaró también Clibe Polenta hermano del desaparecido José Polenta y Alicia López, quien fuera su compañera.

La causa comienza cuando la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, toma un trabajo de familiares y víctimas del genocidio, del Espacio por la Memoria, la Verdad, y la Justicia del Cordón Industrial de San Lorenzo, a los que suma importantes aportes doctrinarios e históricos realizados por la fiscal Mabel Colalongo, y se constituyó como querellante. Los crímenes investigados se cometieron desde el norte del Gran Rosario hasta Puerto General San Martín, llevando el expediente el Nº 161/04, caratulado como "Rodríguez, Pedro y otros sobre privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y otros". La encabeza el nombre de quien fuera diputado provincial del PJ y concejal del mismo partido en San Lorenzo, quien ya fuera condenado por otro caso de lesa humanidad en los últimos tiempos.

Chiodín resalta "la importancia de la apertura de la Causa y que hayan aceptado las testimoniales para darle un impulso, ya que el juez Bailaque la tenía cajoneada". De paso la militante y candidata de concejala, reclamó " que se consideren los partes de inteligencia de la época, para acusar a los responsables del exterminio. Sobre todo porque tenemos tres miembros de la patota como Pili Rodríguez, Horacio Maderna y Rubén Cervera, ya condenados por el caso de Manuel Casado" dijo en referencia al sindicalista secuestrado y torturado en la última dictadura.

En la misma línea Chiodín recordó que "desde el año 2013 se están haciendo pedidos de indagatoria, y recién ahora se abre esta luz de esperanza para juzgar a los genocidas del cordón. Esperamos que no sea una operación de maquillaje de Bailaque para quedar bien frente a la corporación judicial".

La causa judicial investiga crímenes cometidos en el marco del plan sistemático represivo de la última dictadura cívico militar, pero asimismo se investigan delitos anteriores al golpe, cometidos bajo la feroz persecución desatada en épocas de la Triple A. En términos históricos citando al historiador Leónidas Cerrutti "El movimiento obrero del cordón industrial recorrió un camino de importantes luchas, se conjugaron viejas y nuevas camadas de trabajadores. Se dio un movimiento desde la base que generó un nivel de organización singular, con reivindicaciones, métodos de lucha novedosos, con movilizaciones callejeras, que llevaron a los gremios a tener un gran protagonismo en la sociedad. A la vez, se dejo sentada la independencia de los sindicatos de los partidos políticos, la patronal y el Estado. Los gremios adoptaron posiciones antiburocráticas, antipatronales, antidictatoriales y antiimperialistas. Se destacó entre todos los sindicatos, el Sindicato de obreros y empleados petroquímicos unidos (Soepu). Se recuerda especialmente la toma de fábrica con gestión obrera de la producción durante un mes en 1974. Fue el primer gremio intervenido por los genocidas del 76. A fines de la década del 60, se organizó la "Intersindical", que surgió como una alianza sindical defensiva, clasista y solidaria. Los trabajadores respetaban la decisión de las asambleas, en las que la deliberación, decisión y ejecución quedaba en manos de los asalariados".

Por eso para Livolti "la contrarrevolución preventiva desatada en Argentina y en el resto del cono sur , por el Poder Económico representado por numerosas empresas trasnacionales y nativas, y sus instrumentos represivos (fuerzas armadas y de seguridad), desató una feroz persecución sobre el movimiento obrero combativo, y las organizaciones populares, que en el presente caso tenían sus antecedentes tal como citamos en el párrafo anterior, en la CTA de los Argentinos Regional Rosario, La Intersindical San Lorenzo, y posteriormente la Coordinadora de Gremios en Lucha del Cordón.

"Haciendo un balance -dice Livolti- luego de ocho meses de la constitución en parte querellante por parte de la Liga Argentina, en el 21 de abril de 2015, el juez Bailaque proveyó algunas de las medidas solicitadas por nuestra parte y por el Fiscal Federico Reynares Solari, entre ellas, las testimoniales de 23 testigos ofrecidos por la fiscalía y la querella".

Sin embargo hay reclamos por parte de la querella a Bailaque porque "omitió decretar el pedido de informe dirigido al Registro Público de Comercio, a los fines de que éste informe la integración de los directorios entre 1971 y 1978 de todas las fábricas, industrias detalladas en el escrito de la querella, tales como: Pasa, Celulosa Argentina, Indo, Cerámica San Lorenzo, Sulfacid, Duperial, Electroclor, Cerámica Paraná, Verbano, Massey Fergusson, John Deere y Honomag".

También se omitió proveer la solicitud de informes dirigida al ANSES, en relación a las empresas arriba detalladas, para que ésta indique los nombres y apellidos del personal registrado de mayor jerarquía, entre los años 1971 y 1978".

A su vez el juez Bailaque tampoco dio luz verde para citar a declaración indagatoria a Hugo C. Elicegui, jefe de Relaciones Industriales de Pasa, quien asumió el cargo el 3 de febrero de 1976, el que debe ser interrogado sobre la relación que mantenía con personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Y sobre el conocimiento que pueda tener de la presencia de tropas militares que controlaban el ingreso del personal al predio privado de la empresa, sobre quiénes integraban la Comisión de SOEPU, si tuvo conocimiento de lo ocurrió con sus miembros el 24 de marzo de 1976. Bailaque también omitió ordenar la declaración indagatoria de Roberto J.Taylor, Gerente General de Comunicaciones Sociales de Pasa.

Los casos a esclarecer son los de Héctor Müller, Hugo Alberto Parente.

Carlos Kruppa, Lina Teresa Funes, Juan José Funes, Roberto "Potongo" Camuglia, Ramón Riquelme, Rafael Carroza, Ramón Di Fiore, José Alberto Polenta, María Luisa Quatrin, Roberto De Grandis, Carlos Alberto Vergara y María Juana Castellini. También se investiga el secuetro de

Luis Oscar Lapissonde, el único sobreviviente de aquella represión.