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En el año 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la cual estableció que todas las personas nacen libres e iguales, independientemente de su condición, sexo, raza, religión u opinión política. Así, los derechos humanos quedaron instituidos como atributos fundamentales de la dignidad humana.

Fundamentalmente, se condenó a ideologías como el nazismo y el fascismo, profundamente antidemocráticas y esencialmente violatorias de los derechos humanos. Fue el comienzo de la edificación de un nuevo tiempo para los países centrales, empeñados en dejar atrás las causas y las secuelas del conflicto bélico más sangriento que sufriera jamás la humanidad, la Segunda Guerra Mundial.

Luego, la implementación de políticas neoliberales y la globalización de la economía mundial -tras la desaparición del mundo bipolar y con la hegemonía excluyente de los EEUU- profundizó la violación de otros derechos humanos también reconocidos por Declaraciones de la ONU.

En Latinoamérica, en la última parte del siglo XX se implementó un modelo económico de concentración de la riqueza. Eso fue posible a partir de la instauración de dictaduras militares que practicaron el Terrorismo de Estado, engendrado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, diseñada por los EEUU. En la Argentina, ese proceso comenzó a partir de 1976, con una salvaje represión sin precedentes en nuestro país; que redundaron en también inéditos niveles de exclusión social, pobreza e indigencia, que todavía se padecen.

Mientras tanto, pese a las marchas y contramarchas que continúan hasta nuestros días, en todo momento se luchó por la plena vigencia de los DDHH. Con la restauración democrática recobró fuerza el deber cívico de bregar por justicia contra los responsables de los peores delitos de lesa humanidad. Pero la condena a las Juntas Militares, sobrevino el indulto a los genocidas. Y a los juicios contra los responsables de torturas, asesinatos, desaparición forzada de personas, robos de bebés, le siguieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Sin embargo, la memoria y la participación popular confluyó en la sanción de la Ley 25.779, por la cual el Congreso de la Nación Argentina declaró la nulidad de aquellas, coronada con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

En la historia reciente, hubo hechos que afianzaron el principio de justicia: mientras los tribunales reactivan las causas contra los responsables de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, efectuadas durante la dictadura, la Cámara de Diputados de la Nación impidió la incorporación en su seno democrático de Antonio Bussi y Luis Patti, sentando las bases para "que en el Parlamento argentino nunca más se siente en una de sus bancas ningún genocida"; máxima del profesor Alfredo Bravo que toda institución democrática debe seguir.

Queda por obtener del Poder Judicial la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de indultos firmados por Menem, atento a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura militar.

Otro hecho afecta la plena vigencia de los DDHH. Desde el 18 de septiembre del 2006 se encuentra desaparecido Jorge Julio López, testigo clave en uno de los procesos más trascendentes, el que determinó la condena de Miguel Etchecolatz. El Estado debe imperiosamente poner todos sus recursos para esclarecerlo, so pena de ver convertida en realidad la circunstancia por casi nadie deseada: encontrarnos frente a un caso de desaparición forzada de persona en plena democracia.

En un plano más general, la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos incluye la protección del trabajo, del acceso a la salud, a la educación y a una vida digna para nuestro pueblo. Defender ello nos enfrenta con el modelo de concepciones retrógradas que imperó en los años `90 pero aún sigue vigente.

En definitiva, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos conlleva la búsqueda de la verdad, la justicia y el castigo a todos los que cometieron delitos contra la humanidad. E implica, a nivel social y económico, la construcción de una sociedad más igualitaria

*Diputado Nacional por Santa Fe, Vicepresidente del Bloque del Partido Socialista.