La Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto que modifica el artículo 240 del Código Procesal Penal y dictamina la obligación de los fiscales de secuestrar las armas existentes (legales o no) en todos los procesos por amenazas, violencia familiar o de género, o cualquier otro delito derivado de situaciones de conflictos interpersonales. "El desarme es crucial y el rol de los fiscales también, más si tomamos en cuenta las estadísticas de 2015 donde siete de cada diez muertes fueron por armas de fuego", explicó el diputado Jorge Henn, autor del proyecto.