El gobernador Miguel Lifschitz ratificó ayer el acuerdo con el gobierno nacional en materia de seguridad y confirmó que se firmará en pocos días. Sin embargo ayer trascendió el nudo del conflicto: se trata del punto 6 del convenio. Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para resolver el problema de fondo en Santa Fe, hay que "depurar" la Policía. En la Legislatura, el diputado Rubén Galassi asumió ayer la defensa del gobernador: "Esas declaraciones no ayudan a la coordinación que tiene que existir entre la Nación y la provincia en materia de seguridad". El gobernador descartó un conflicto pero admitió "ruido" en las negociaciones y enfatizó la participación de un "comando unificado" de las fuerzas contra el delito.

La pretensión de la ministra -como lo adelantó este diario- es que uno de sus hombres esté a la cabeza del plan de seguridad y tome decisiones para realizar "controles cruzados" en la fuerza provincial.

El punto seis del borrador del acuerdo señala: "El Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de Santa Fe se comprometen en el plazo de tres meses a realizar una evaluación pormenorizada de la situación de seguridad en la provincia y efectuar las recomendaciones para incorporar al plan de trabajo conjunto".

Entre los diez ítems de ese artículo figura "la realización de auditorías en comisarías orientadas a determinar: estado de las comunicaciones, informática, situación de los efectivos, cantidad de sumariados, motivos de los sumarios, causas judiciales pendientes, cantidad de deserciones, motivos de las bajas y su relación con el narcotráfico y la corrupción, y un detalle de efectivos condenados por narcotráfico y corrupción".

Además se indica la posibilidad de llevar adelante evaluaciones "en las áreas de Asuntos Internos y Análisis e Investigación Criminal" y "test psicofísicos y toxicológicos a los efectivos", como así también la realización de "auditorías aleatorias de investigaciones realizadas por el personal policial y resultados de las mismas".

Lifschitz afirmó ayer que "de ninguna manera" la Nación podría pedir el control de la Policía de Santa Fe a cambio de enviar tropas de Gendarmería para patrullar las calles de Rosario: "Eso es inviable desde el punto de vista constitucional".

"Nosotros tenemos mucha información disponible que queremos trabajarla juntamente con Nación y planificar un trabajo de mediano y largo plazo", sostuvo. El mandatario trató de enfocar hacia otro lado la discusión: "Queremos saber cuántos van a venir realmente, dónde se van a apostar y qué tarea van a desarrollar. Esto es parte de lo que estamos conversando y lo vamos a resolver rápidamente".

La Legislatura fue también ámbito de debate: el diputado Galassi le reprochó a la ministra de Seguridad que "en momentos en que la ciudadanía está conmocionada por lo que vivimos, porque nadie niega las dificultades en Santa Fe, de nada sirven estas expresiones" de supuesta falta de compromiso para depurar a la fuerza policial. "Reconocemos que la situación es crítica" -dijo Galassi- y consideró la ley de decomiso (ver aparte) como "una respuesta a esta coyuntura, en el marco de un trabajo estructural para revertir las cosas".

"El narcotráfico es uno de los delitos más rentables en tiempo de globalización", agregó el diputado socialista Rubén Giustiniani. "Está unido a gigantescos desarrollos inmobiliarios en las principales ciudades del país y tiene conductos que van a paraísos fiscales", agregó.