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Un nuevo aumento del boleto asoma en el horizonte del transporte urbano de Rosario. La ecuación la conocemos bien: ante cada déficit de rentabilidad la variable de ajuste siempre es la misma.

Lo cierto es que cada aumento en el boleto nada resuelve. Los usuarios pagan el costo, el deterioro del servicio se profundiza, las frecuencias no mejoran, muchos barrios siguen sin líneas de colectivo, hasta que en algún momento los números de nuevo "no cierran", viene otro aumento y así la historia repetida de los últimos años.

Esta encerrona en que se encuentra la administración municipal no expresa otra cosa que el fracaso de su política y la crisis estructural que atraviesa al sistema de transporte urbano.

El argumento de la desigual distribución de los subsidios nacionales, tantas veces repetido, ya suena a excusa para evitar asumir responsabilidades propias.

Porque lo que está agotado es la lógica empresarial y privada que imprime la política municipal para un servicio que es público.

Incluso, parte de la estatización cambió la naturaleza del prestatario pero no el concepto desde el cual se sigue definiendo su administración. La presencia del Estado no puede ser para actuar como "parche", tomando las líneas y recorridos que cargan con el mayor déficit, dejando en manos de la iniciativa privada las que tienen más demanda y son más rentables.

Debemos avanzar en la definición de un nuevo sistema de transporte urbano que reconozca de manera plena su condición de servicio público. Y esto significa asumir su carácter social. Lo que nos empuja a redefinir la noción de "déficit", dejándola de plantear como sinónimo de ajuste sobre el usuario directo, para pensarla como parte de un bien público que debe ser costeado socialmente.

Y acá es donde todos los ciudadanos tenemos algo que ver. En este sentido, un buen paso sería la creación de un Foro Ciudadano por el Transporte Público, donde participe desde el ejecutivo, legisladores, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, hasta colegios de profesionales, organismos de defensa al consumidor, universidad pública y ciudadanos en general.

Porque si somos capaces de construir un servicio de transporte que beneficie a toda la comunidad, estaremos haciendo del mismo no sólo una herramienta de integración social, económica y cultural, sino también afirmando un principio básico solidario de toda sociedad que aspira a superar las brechas sociales que dejaron como saldo las políticas neoliberales.

* Licenciado en Ciencia Política. Profesor de la UNR. Encuentro por el Proyecto Nacional.