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El senador Miguel Lifschitz se pronunció a favor de que la

determinación del precio del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) esté en manos de la intendencia. Quiero recordarle al senador que la ley Orgánica de Municipios Nº 2756 establece claramente entre las atribuciones y deberes de los Concejos Municipales "la de establecer tarifas para ómnibus que atiendan al servicio público de transportes de

personas". Lifschitz, en todo caso, debería presentar un proyecto a la Cámara proponiendo modificar dicha ley, si esa es su opinión. Cualquier otra forma de intentar imponer ese criterio es actuar por fuera de la ley.

Es falso que la tarifa surja de un estudio técnico, independiente de consideraciones políticas. Si ello fuera así, hace tiempo que el precio del TUP en todo el país sería mucho más elevado de lo que es. Existe la posibilidad de subsidiar, como se hace en todo el mundo, esa tarifa desde el Estado, y dentro de esta opción, los subsidios pueden ser nacionales, provinciales, municipales, mayores o menores y basados o no en tributos específicos sobre determinadas actividades.

Existe una gran cantidad de decisiones y variables políticas

que inciden en el precio final del boleto, y esas decisiones están en cabeza de varios niveles de gobierno y también los municipios pueden solicitar a los estamentos superiores dichos subsidios.

En Rosario existe también un Plan Integral de Movilidad que supuestamente pretende alentar el uso del transporte público (mucho más económico, seguro y ecológico) por sobre el privado. Es evidente que la tarifa del TUP tiene una gran incidencia en esto, y tenerlo en cuenta o no, son criterios eminentemente políticos como lo es también la decisión de facilitar o no mediante un boleto económico que los jóvenes estudien. Los estudios técnicos o económicos, son solamente el punto de partida de un análisis que es eminentemente social y político y por eso la Ley Orgánica de Muncipios, otorgó esa potestad al cuerpo con mayor pluralidad y representación de la sociedad, cual es el Concejo, y no al intendente, a pesar de lo cual hay quienes intentan escamotearle esa facultad, siempre en perjuicio de los usuarios.

Esto no ocurre no sólo en Rosario, sino también en otras localidades, pero es penoso que se invoquen estos pésimos y retrógrados precedentes para que la involución incluya también a nuestra ciudad. Es lamentable que funcionarios que se pretenden progresistas recurran a argumentos que, además de falsos, son de tipo tecnocrático, muy típicos de las ideologías neoliberales.

* Concejal del PSA