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Ante las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo provincial al sistema de jueces, fiscales y defensores mediante decreto 3904/12, tendientes a eliminar en la conformación de las ternas del orden de mérito emergente del concurso de oposición y antecedentes, afectan seriamente la pretendida -y largamente pregonada﷓ transparencia del sistema, diluyendo casi totalmente la autolimitación de facultades que el Poder Ejecutivo pretendiera mediante la instauración del Consejo de la Magistratura.

El artículo 25 del mencionado decreto, al dejar sin efecto el orden de mérito obtenido en las etapas de selección y permitir que el gobernador de la provincia designe -sin necesidad de fundamentación alguna﷓ a postulantes que no habrían obtenido las mejores calificaciones abre paso a la posibilidad cierta de influencias políticas en la designación de jueces, fiscales y funcionarios.

Si bien en los fundamentos del decreto mencionado se alude al acuerdo establecido con sectores de la Legislatura provincial se incurre nuevamente en la práctica de establecer modificaciones al sistema marginando el consenso previo y el diálogo con los sectores que históricamente conformaron las tareas de selección. Además, al desconocerse el contenido de dichos acuerdos, se pone un manto de dudas y sospechas que no resultan acorde con la seriedad y transparencia que debe prevalecer en tan importante y decisiva cuestión como es la designación de magistrados y funcionarios.

Es criticable igualmente que se modifique el sistema sin introducir reformas idóneas para superar las demoras y dilaciones que se padecen en la cobertura de vacantes de órganos jurisdiccionales que tienen su causa en la complejidad de los trámites de evaluación de antecedentes y oposición pese a que este déficit en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura viene siendo señalado desde hace años por todos los actores interesados.

De esta manera, se ha dejado pasar una oportunidad para recibir las opiniones de los distintos sectores en orden a la reclamada institucionalización del Consejo de la Magistratura, persistiendo en la idea de mantener un órgano bajo la directa y exclusiva dependencia y administración del Poder Ejecutivo provincial.

Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.