Si bien se esperaba, y tanto el ex gobernador Hermes Binner como el actual mandatario Antonio Bonfatti habían comenzado a preparar el camino; el procesamiento del ex jefe de la Policía Hugo Tognoli volvió a impactar fuerte para la administración socialista. Fue difícil desandar un recorrido que había empezado primero en la sorpresa que generó aquella tapa de Página/12 que puso el tema en la opinión pública de manera contundente: El gobierno santafesino tenía un jefe de Policía que era investigado por otras fuerzas federales por sus vínculos con el narcotráfico. El segundo paso fue la reacción, la sospecha de que había una operación política tras la noticia y, por ende, una cierta complicidad de los periodistas para motorizar la cuestión. Luego vino la negación y decisión de defender a Tognoli como si en ello fuese el futuro del gobierno. Y finalmente, parecía que todo estaba saldado cuando el juez Carlos Vera Barros dejó en libertad al sospechoso uniformado.

Hasta ese momento, el gobierno suponía que había quedado claro para la opinión pública que la administración nacional había metido la cola, y que había una utilización política del tema. De esto último ﷓es cierto﷓ algo hubo pero en el marco lógico de la presión que ejerce toda oposición sobre un flanco que observa débil. Decían que los elementos probatorios eran escasos y algunos periodistas (aunque cueste creerlo) llegaron a escribir y a decir públicamente que Tognoli era un preso "político". Sostenían que el jefe de policía no sabía nada de que sus claves habían sido utilizadas para avisarle a Carlos Ascaini (también procesado por narcotráfico) que las la camionetas que lo estaban siguiendo por el sur provincial, pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Tuvo que llegar el fiscal Juan Patricio Murray para reimpulsar la causa y decir, para ponerlo de manera abreviada, "¿señores ustedes creen realmente que Tognoli no sabía lo que pasaba, no protegía a quien protegía?". Y le impuntó "Empresa Criminal Conjunta" y volvieron a detenerlo para luego procesarlo y dejarlo detenido el viernes.

Para esa altura, unos 15 días antes del procesamiento de Tognoli, tanto Binner como Bonfatti dijeron públicamente que "nosotros no apañamos a nadie. Si se encuentra alguna responsabilidad de Tognoli, que la justicia vaya hasta las últimas consecuencias y que pague por lo que hizo", fue la sentencia que presagiaba lo que se venía.

En ese punto es donde se detiene el diputado nacional Agustín Rossi y señala que "el gobierno provincial debió apoyar la investigación, no sólo hacer declaraciones cuando vieron que Tognoli ya no tenía salvación". Y aseguró que de alguna manera tanto Binner como Bonfatti "deben hacerse cargo de que nombraron a ese hombre primero al frente de la Brigada de Drogas Peligrosas y luego lo hicieron jefe de policía, nada menos. Deben decirle a la gente, 'nos equivocamos'". Nadie supone que esto suceda, de alguna manera se insistirá en el mensaje de que la justicia actuó libremente y que Tognoli es uno más de los tantos policías infieles que fueron separados desde que comenzó la administración socialista.

Su majestad, los senadores.

La semana que pasó volvió a ser hegemonizada por los gestos, saludos, mensajes y detalles que rodearon el rápido ascenso de Francisco en Roma y sus implicancias políticas y religiosas en la Argentina. Pero en Santa Fe, aunque imbuidos del espíritu ecuménico reinante, las cuestiones más terrenales que puedan imaginarse, no esperaron ni un ratito.

Entre ellas, los subsidios que los senadores provinciales tienen para repartir a discreción a las distintas entidades de sus departamentos. La cifra trepó a 144 mil pesos por mes, por cada uno, para hacer beneficencia y estar así más cerca del Santo Padre que, escandalizado como está por los gastos del Vaticano, alguna objeción habría tenido seguramente para este crecimiento notable de los recursos de los que ahora disponen los tribunos.

El gobierno socialista ﷓urgido por las circunstancias inéditas de tener minoría en ambas Cámaras legislativas﷓ pasó de haber sido un firme impulsor de la unicameralidad, a un necesitado usuario de la bicameralidad con todas sus diferencias y beneficios. "El subsidio que tienen los senadores para otorgar está contemplado en la constitución provincial", dicen aunque nadie exprese que se trata de un mecanismo de fuerte contenido clientelar.

Esta semana en los corrillos legislativos, dejaron trascender que el vicegobernador y presidente del Senado Jorge Henn atinó a plantear alguna objeción del tipo moral al respecto, pero rápidamente desde el propio Frente Progresista, Cívico y Social le hicieron comprender que necesitan de los acuerdos con los senadores del peronismo para poder presionar después sobre la más atomizada y adversa Cámara baja.

Aunque los subsidios han crecido en transparencia respecto de su otorgamiento y hasta lo senadores opositores invitan al propio gobernador en los actos de entrega de dinero contante y sonante; no deja de ser un instrumento conceptualmente criticado. ¿Por qué no llega directamente el Estado a través de sus nutridos ministerios y secretarías específicas a cada una de esas regiones, a cubrir cada una de esas necesidades?. "Son trámites demasiado burocráticos en cambio el senador conoce en detalle a su lugar y su gente y sabe claramente a dónde orientar la ayuda y de la manera más rápida y efectiva", deslizó uno de los legisladores en declaraciones públicas. En algún momento el debate se vendrá, no ahora por cierto. Menos durante este año electoral.

Concejales que se multiplican.

Los que ahora se rasgan las vestiduras por la norma votada en 2011 en la Legislatura, modificatoria de la Ley Borgonovo que recortó el número de ediles en las ciudades de Rosario y Santa Fe -en medio de la virulenta crisis de representación política después del 2001-; "permitieron que esto avanzara y hasta garantizaron que no iba a haber veto alguno del entonces gobernador Hermes Binner", confió a este periodista una alta fuente del PJ que fue legislador por aquellos días.

Las modificacines recientes permitirán al Concejo de Rosario sumar dos miembros más a los 22 que ya tiene tras los comicios de este año. Pero a nadie se le escapa que los principales impulsores de estas modificaciones fueron legisladores radicales santafesinos, preocupados por el equilibrio político de su propio partido a la hora de armar las listas de concejales para la Capital provincial. Chiquitito el objetivo, ¿no?. Pero así fue y en Rosario aprovecharon a mirar un poco el tema con los brazos cruzados y estudiando qué beneficios podría traer a futuro.

Las voces críticas que hoy se escuchan no hicieron demasiado en su momento para oponerse al tema, aunque no lo hayan votado en la Legislatura. Con todo, nadie nunca llegó a agradecerle nada a Borgonovo que impidió en un momento crítico que el Concejo de Rosario llegara a la ridícula e inmanejable cifra de 50 concejales. Ni el mismo ex ministro de Gobierno se ve que esperaba nada a cambio porque tampoco supo ser él agradecido con quienes defendimos públicamente el gesto institucional que se había hecho para el futuro institucional de las dos principales ciudadades santafesinas.

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