La marcha a Plaza de Mayo organizada por Blumberg, con el trasfondo político y el movimiento de fuerzas políticas que ello supone, disparó una serie de opiniones teñidas con los más opuestos posicionamientos políticos. Sin embargo parece ser que se han desatendido ciertos elementos de vital importancia al momento de pensar con alguna seriedad el problema de la (in)seguridad. Sistema penal y política se encuentran íntimamente ligados, porque la opción por la policía y la cárcel no es inocente y políticamente neutral, sino una opción política acerca de la manera en que el Estado emprende la intervención sobre los problemas sociales. Lo que conduce a un reforzamiento de las medidas más duras para garantizar la seguridad de una parte de la población. La apelación de "más policía" y "más cárcel" no es un asunto meramente administrativo. El aumento y equipamiento de la policía y la construcción de cárceles no la hace quien puede, la hace quien quiere, en función de la manera que cree conveniente enfrentar o solucionar los conflictos sociales. Por esta razón considero pertinente detenerse en una serie de punto vitales.

En primer lugar, debemos trascender la economía conceptual del término "seguridad", a través de una extensión de dicho concepto: se define habitualmente la seguridad en términos físicos y no de riesgos de vida. Así, la ampliación incluiría la seguridad laboral, en salud, vivienda, educación, etc. Esta seguridad de vida, seguridad social, supone instalar la noción de "perspectiva a largo plazo", certidumbre, perspectiva de vida, perspectiva de ascenso social. La perspectiva del corto plazo conduce a la ruptura de las interdependencias, disolución del lazo social e instalan la violencia como denominador común en las relaciones sociales, el vivir al día, el estar jugado, el no tener más nada que perder, la incertidumbre con respecto al mañana inmediato.

Norbert Elias ha estudiado pormenorizadamente este fenómeno. La división del trabajo, la red de interdependencias, la secuencia de acciones que vinculan a los individuos entre si, vínculos que le permiten pensarse a largo plazo, tanto en expectativas como en identidad, desplazan la violencia física como denominador común: la "división del tiempo vital crea la costumbre de subordinar las inclinaciones momentáneas a las necesidades de una interdependencia más amplia y capacitada para excluir todas las oscilaciones en el comportamiento y para someterse a una autocoacción continuada".

En segundo lugar, debemos desnaturalizar las medidas ortodoxas sobre seguridad: la apelación a mayor cantidad de policías en la calle y la construcción de nuevas cárceles (políticas cortoplacistas), no se complementan con las anteriores, sino más bien son incompatibles con las políticas largoplacistas. Como bien señala Robert Castel, debemos "denunciar la inflación de la preocupación por la seguridad porque esta postura disuelve al fin de cuentas la posibilidad misma de estar protegido. Instala el miedo en el centro de la existencia social, y este miedo es estéril si tiene que ver con las contingencias incontrolables que constituyen la suerte o el destino propios de toda existencia humana".

La construcción de cárceles y la mayor cantidad de policía supone un aumento del uso de la violencia en la resolución de problemas sociales, si nos encargamos de recordarnos permanentemente que la función del policía es ejercer una fuerza física sobre el otro: nunca pueden complementarse porque tienen resultados diferentes. La policía es fuerza física, su presencia implica la conciencia de estar introduciendo un mayor elemento de violencia en el seno de lo social. De esta manera, la división de lo social es cada vez más tajante, el defender la sociedad, el defendernos de elementos extraños.

Por último, el fortalecimiento de los controles informales del delito: reforzamiento del espacio público, de la noción del "otro", revitalizar ciertos espacios perdidos como lugares de encuentro. La derogación de la ley del 2x1 consolida la prisión como un verdadero depósito de personas. La baja en la edad de imputabilidad tiende a depositar de manera cada vez más prematura los "problemas" que surgen de su propio seno, es decir, impulsa y justifica una política que persigue y castiga de manera cada vez más prematura a aquellos que son el producto de sus mismas políticas de exclusión. Una cosa es el nivel de seguridad y otra la protección contra la inseguridad, equivalen a formas de enfrentar problemas sociales totalmente diferentes. Un objetivo más moderado y realista para el futuro a corto y, tal vez, a mediano plazo, sería detener y desviar la rápida expansión del sistema penal, que convierte a la policía y a la cárcel en el núcleo central de la política de control social del Estado.

El paradigma penal expresa la división de lo social en dos, o mejor dicho, la existencia de lo social que debe defenderse frente a lo no social, la violencia, el crimen, la inseguridad. Lo social expulsa hacia sus fronteras y más allá una violencia que es producida en su mismo seno y que no deja de aparecer de forma dramática: "El concepto de correción (focaliza el problema en términos individuales) parte en efecto del presupuesto de que el `agente del delito sea el individuo singular: él y sólo él es el culpable del mal hecho. Entre `evento delictuoso, `acción y `agente se establece un nexo de causalidad por la libre voluntad. De esto modo queda cortado todo nexo etiológico entre delito y sociedad" (Vicente Accattatis). Bajo esta forma, lo social no es responsable del delito, si existe un culpable que es un agente individual, lo social es inocente y por lo tanto debe defenderse. El paradigma de la defensa de la sociedad instala una ruptura en el orden, lo social y lo no social, la civilización y la barbarie, algo de lo cual hay que defendernos y cuya expresión más fidedigna es la apelación al sistema de justicia penal para ello.

En este juego ocurre algo trágico a lo que estamos asistiendo en estos momentos: democracia y Estado de derecho pueden entrar en una gran contradicción, pueden no coincidir. Es que "si pensamos en la democracia en su sentido primordial de gobierno de la masa del pueblo, no hay razones evidentes para que el demos se preocupe profundamente por la generalidad y continuidad de las leyes" (Paul Chevigny). La política que alientan la violencia y brutalidad policial son populares y el generalizado pedido por mayor apelación a la ley penal, en su carácter de selectiva y discriminatoria, no debe ser confundida con una fortaleza del Estado de derecho.

La apelación a la ley penal para enfrentar, en su absurda pretensión de resolver los problemas sociales, no hace otra cosa que instalar esa ruptura en el orden, agravando la violencia, aumentando la sensación de miedo y facilitando la generalización de prácticas por parte de las agencias penales del Estado, que atentan contra las máximas del Estado de Derecho.

* Licenciado en Ciencia Política.