En la antigua Grecia, más específicamente en Atenas, los ciudadanos tenían directamente la función jurisdiccional. Tal es así ﷓como lo describe poéticamente Platón en su Apología de Sócrates﷓ que Sócrates se dirige a sus acusadores como "atenienses" y también como "jueces, varones jueces". También más modernamente, a mediados del siglo XVIII, Montesquieu afirmaba que el poder judicial lo debían ejercer personas del pueblo (como en la antigua Atenas), nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescripta por la ley, para formar un tribunal que solo dure el tiempo que la necesidad lo requiera. De esta manera, el poder de juzgar, tan terrible para los hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a determinado estado o profesión. Estos ejemplos nos sirven para reflexionar que quien está en posesión del cargo de magistrado ha tenido en otros momentos históricos una gran conexión y empatía con el pueblo. Tanto que términos como ciudadano o juez tenían una jerarquía similar. En nuestro país estos conceptos parecieron estar siempre en crisis. Nos ahorramos contar la galería de tristes ejemplos que contribuyeron al respecto, sobre todo en la década del `90.

Pero a partir de 1994 con la reforma constitucional se incorporó a su texto ﷓art. 114﷓ la creación del Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, a cargo de la selección de los magistrados mediante concursos públicos, emisión de ternas vinculantes y de la administración del Poder Judicial. Allí también se estableció que los miembros del Consejo se renovarán periódicamente debiendo respetarse un "equilibrio" entre los diferentes sectores; el sector político por elección popular, los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal. Asimismo reserva para su integración la incorporación de personas del ámbito académico y científico, delegando en la ley a dictarse las características y condiciones que deban reunir. Es decir que por mandato constitucional se encuentran representados los tres poderes políticos, ya sean de elección popular directa (ejecutivo y legislativo) o indirecta (judicial).

Respecto a la integración del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura deberán estar representados los jueces de todas las instancias, derrumbándose toda imposición jerárquica por parte de su máximo órgano, la CSJ. En la reciente reforma de febrero pasado, la ley 26.080 eliminó la representación del Presidente de la Corte Suprema. En cuanto a los miembros no integrantes de los poderes políticos de la República, se encuentran los abogados de la matrícula federal. Su incorporación obedece a un avance con antecedentes en otros sistemas comparados, y su invalorable y necesario aporte como auxiliares de la justicia. Ajenos también al poder político directo se encuentra la representación del ámbito académico y científico. La importancia de esta composición originó el debate político que nos cruza por estos días. El próximo 10 de octubre se realizarán las elecciones para elegir los dos representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se ha producido una reafirmación del federalismo al desdoblarse el padrón entre Capital Federal y el interior del país, debiendo elegir cada uno su representante por separado, permitiendo así la necesaria complementación de las diversas realidades que no se agotan en la autopista General Paz. Tamaña responsabilidad social en cabeza de los abogados, exige desligarse de todo tipo de tachas unidireccionales, y reconocer que la crisis de la justicia, es también crisis del derecho y sus instituciones, con una extensión y profundidad que exigen una respuesta generosa, imaginativa y audaz. No es posible suponer que los problemas se arreglan sólo incrementando el presupuesto e insistiendo en "más de lo mismo". Sería absurdo o ilógico suponer que la estructura y funcionamiento de un tribunal tiene que seguir siendo la misma que se implementó hace cien años.

Precisamente los consejeros que se elijan deberán ser como los alfareros del nuevo recipiente que contenga y de respuestas a problemas acuciantes y que necesitan soluciones urgentes como la inseguridad, la impunidad, entre otros. En este siglo XXI no va a existir el mismo Poder Judicial que hoy conocemos, y es posible que los auxiliares esenciales de la justicia, como los abogados, agobiados por la problemática diaria, no estemos atentos para ser protagonistas de su cambio. Debemos trabajar y construir con generosidad e inteligencia un nuevo Consejo de la Magistratura, evitando el inmovilismo o discusiones bizantinas, esperando que sean otros quienes tomen las decisiones concretas y sean en definitiva los alfareros sin oficio ni experiencia. Debatir masivamente puede ser la punta que resuelva este nudo gordiano que nos ahoga a todos.

* Director del Colegio de Abogados Rosario.

** Integrante de la Comisión del Consejo de la Magistratura del Colegio de Abogados Rosario.