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En materia de políticas públicas en DDHH nuestro país ha virado cíclicamente, estableciendo lineamientos disímiles, incluso, contradictorios.

Durante la última dictadura, fue política pública utilizar el aparato estatal para llevar adelante un modo clandestino de represión, un plan sistemático de tortura y desaparición de personas que derivó en una escalada represiva sin precedentes en la historia argentina, contando con la participación protagónica de civiles, con el objeto de destruir toda forma de organización popular, exterminado, desapareciendo a todos los que se organizaban para cambiar las condiciones socioculturales de nuestro pueblo.

Con el retorno de la democracia, durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, se produce un importante viraje en la materia y se establece una política de juzgamiento limitado, de gran importancia para la época, comenzando el camino de la verdad y la justicia. El Juicio a las Juntas y la labor de la CONADEP se erigieron como un hito a nivel mundial en materia de enjuiciamiento a crímenes de lesa humanidad.

En los 90, vuelven a cambiar en forma drástica las políticas estatales, enarbolándose un oscuro período en el cual, desde el estado se propendía a la impunidad de los crímenes màs horrendos de nuestra historia reciente.

Ante un estado que consagraba la impunidad de estos crímenes, desde las organizaciones de derechos humanos se logra la condena de laCIDH, que en el año 1998 ordena al estado argentino continuar con las investigaciones, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

A partir del año 2003 y luego dela inclaudicable resistencia de las organizaciones de DDHH y los sobrevivientes del genocidio, y la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner, se implanta como política de estado el juzgamiento ilimitado de estos crímenes, acorde las premisas establecidas por la CIDH.

Se remueven los obstáculos que impedían los enjuiciamientos y se multiplican las causas judicialesreceptando miles de testimonios que permitieron traducir jurídicamente la sistematicidad del horror, la intencionalidad de los crímenes, las prácticas sociales perseguidas a la vez que obtener importantes elementos de prueba para conocer el destino de muchos de los compañeros desaparecidos y niños apropiados. Nuestro país, más de tres décadas después, lograba juzgar a los genocidas sin crear tribunales ad hoc y dentro del territorio nacional.

Desde la propia causa 13 queda claro que no hubo guerra sino terrorismo de estado. Al número de 30.000 desapariciones se llega evaluando:

• La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan los 500.

• Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminio.

• La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.

• El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos.

• Previo al golpe, los propios genocidas establecían que, a partir de sus relevamientos efectuados, desde las escuelas hasta las fábricas, indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar.

• Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000, a solo dos años del inicio de la dictadura.

Hoy presenciamos un nuevo y alarmante cambio en materia de políticas públicas estatales. Por boca del titular de ejecutivo nacional se niega el terrorismo de estado y la magnitud de los crímenes, poniendo en dudas el número de desapariciones.

Este retroceso no sólo desarticula día a día el andamiaje estatal de la memoria y justicia como política estatal, sino que desde lo simbólico y discursivo da muestras claras de desprecio por el tema y sus protagonistas.

Nuestro país corre riesgo de incurrir en responsabilidad internacional. El juzgamiento de estos crímenes es mandato de la comunidad de naciones a partir de tratados de los cuales es signataria la Argentina.

Es hora de defender los logros de nuestro pueblo exigiendo que se respete la normativa vigente en la materia, acorde el plan constitucional, como única forma de continuar construyendo un futuro con memoria.

*Abogadas. Espacio de DDHH Ciudad Futura.