El diputado provincial Héctor Cavallero propone la adhesión de Santa Fe a la ley nacional nº 26.993, que instauró una instancia de conciliación en conflictos relacionados con los derechos del consumidor. "Con la adhesión a esta norma buscamos dotar a los consumidores de nuevas herramientas, más ágiles y accesibles para la satisfacción de los reclamos por incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor", argumentó el legislador del Partido del Progreso Social.

La ley a la que Cavallero pretende incluir en el corpus jurídico provincial es reguladora del sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo mediante el Servicio de Conciliación Previa y Obligatoria (Coprec). Lo que sugiere es crear el Coprec Santa Fe, con sedes en cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia, como para facilitar el acceso a los consumidores de toda la geografía santafesina. El Coprec, entonces, funciona como un complemento de la Ley de Defensa del Consumidor.

El proyecto ingresado esta semana en Legislatura provincial establece como autoridades de aplicación a la Oficina de Defensa del Consumidor, y la Dirección General de Comercio Interior y Servicios, dependiente del Ministerio de la Producción.

"Hoy en día, para los consumidores no resulta sencillo lograr la indemnización por incumplimientos o prácticas abusivas de las empresas, o por la compra de bienes o productos defectuosos. La instancia de conciliación no es obligatoria y, además, muy pocas veces las empresas concurren a las audiencias. Todo esto hace que sean pocos los reclamos que obtienen una solución en sede administrativa, por lo que el consumidor se ve obligado a transitar la vía judicial ante los Juzgados en lo Civil y Comercial, previo paso por la mediación prejudicial obligatoria", argumentó el legislador.

Para Cavallero, a través de la adhesión a la Ley Nacional, si el usuario no alcanzara un acuerdo con la empresa podrá optar por una vía administrativa a través de la Auditoría de las Relaciones de Consumo, o acudir directamente ante el nuevo fuero judicial, y exigir una reparación integral ante los jueces de las relaciones de consumo. "Los reclamos que realice el consumidor no tendrán costo y podrán obtener asesoría gratuita", explicó el autor de la propuesta.

El proyecto de ley propone crear juzgados dedicados a tratar los problemas surgidos de las relaciones de consumo, que tendrán a su cargo los conflictos provocados por los incumplimientos de las Leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia. Asimismo, el proceso tendrá plazos breves para evitar que el trámite sea engorroso y todo podrá ser resuelto en una única audiencia pública y oral, en la que el juez dictará sentencia.

"Es nuestra convicción que la verdadera justicia social es la que garantiza la igualdad de derechos y no sólo la igualdad de oportunidades. Si trasladamos este principio a las relaciones de consumo, tenemos que para colocar al usuario común en igualdad de derechos frente a los proveedores de bienes y servicios, es necesario dotarlo de una mayor protección legal no sólo en materia de fondo, sino también en los procedimientos administrativos y judiciales que deberá transitar para obtener respuesta a un reclamo por incumplimiento de aquellos", afirmó.