La Universidad Nacional de Rosario le entregó el 5 de noviembre un cheque de 30 mil pesos a Jorge Walter Pérez Blanco, el represor que se desempeñaba como ayudante de la cátedra de Medicina Legal durante la dictadura y hasta el año 98 cuando fue cesanteado por el inicio de un juicio académico. La fecha es medular en la historia, porque revela que cuando el Centro de estudiantes de Medicina denunció el acuerdo extrajudicial el 6 de noviembre, éste había sido hecho efectivo. Lo curioso es que como respuesta a la denuncia de pago el propio rector Darío Maioraina jamás aceptó haberlo concretado. Es más, hasta aceptó que el Consejo Superior aprobara la suspensión del pago y la investigación del expediente aunque 15 días después de que Pérez Blanco se llevara el cheque cuyo recibo publica este diario. La negativa oficial del pago fue confirmada a Rosario/12 por Liliana Gómez como secretaria adjunta de COAD quien junto a Laura Ferrer, consejera de Ingeniería, y Gustavo Brufman escucharon de boca del asesor jurídico de la UNR que "el pago no se había efectivizado". Esto ocurrió el 20 de noviembre en la sesión de Consejo Superior en Casilda.

Por su parte Gustavo Martinez, dirigente de ATE y militante de Derechos Humanos recordó que " en la ultima reunión de Consejo Superior se demostró que la Corte no ordenaba el pago, sino que no hacía lugar a los planteos de la UNR. Es decir que había espacio de debate para asumir en la decisión, pero alguien se adelantó. Por eso digo que ese que firmo se tiene que ir, ya que esto marca el juego democrático. Esta es una decisión realmente grave, son pagos sin consultas en el que se termina mezclando la Universidad con una cuestión perversa como el pago de una suma de dinero a un genocida, con una cuestión laboral. Hay que recordar que Walter Pérez Blanco es el Astiz de esta región, el que se infiltró entre los sacerdotes del Tercer Mundo y los pastores que están con el pueblo. Se infiltró usando su chapa de pastor, como Astiz entre las Madres. Y se infiltró en la universidad" dijo Martínez.

La denuncia del acuerdo se hizo el 6 de noviembre por parte del presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, Víctor Secreto. Por eso el 8 de noviembre el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas trató en una sesión extraordinaria solicitada por cinco consejeros estudiantiles, la polémica indemnización de 30 mil pesos firmada el 1º de octubre por el rector que se había hecho pública luego de la denuncia publicada por Rosario/12.

En ese momento desde el Consejo Directivo indicaron que aún no tenían "información sobre los fallos de la Justicia, ni el estado del caso de Jorge Pérez Blanco que se encuentra en el Tribunal Académico desde el 28 de diciembre de 1999. Sin dicha información es imposible comprender el motivo por el cual se aceptó la renuncia y se pagó una indemnización".

El 11 de noviembre los estudiante de Medicina se reunió con el rector. "Después de las explicaciones que nos dio el rector (Darío) Maiorana nos queda claro que lo que hizo con (Jorge Walter) Pérez Blanco fue un acuerdo extrajudicial con el argumento que la universidad se ahorraba plata: quiere pagar 30 mil pesos contra 200 mil, según nos dijo". Este fue el relato de Guillermo Grigioni, consejero superior del ALDE, a Rosario/12 luego de la reunión que ayer tuvo con el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Según el dirigente estudiantil el responsable de la UNR argumentó que "Pérez Blanco por su parte presentó la renuncia al cargo, con lo cual la universidad evitaba un juicio laboral por un monto importante que podía perder".

El 20 de noviembre el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario aprobó por unanimidad una medida de "no innovar" con respecto a la polémica indemnización al represor Jorge Walter Pérez Blanco. Los consejeros tomaron esta determinación luego de escuchar las intervenciones del rector, Darío Maiorana, y del asesor jurídico de la UNR, Aldo Baravalle, que no lograron aclarar por qué hay que resarcir con 30 mil pesos a Pérez Blanco. Los consejeros solicitaron que el tema sea tratado por una Comisión de Interpretación y Reglamento, y que además se acompañe con la causa que llevan adelante los querellantes de la causa Feced, donde está implicado Pérez Blanco.

Guillermo Grigioni, consejero estudiantil, señaló que como "había muchas dudas sobre lo actuado, y como no quedó claro con las explicaciones del Rector y del asesor jurídico, el Consejo Superior decidió no resolver ahora si se derogaba o no la resolución del Rector; si no armar una sesión especial de la comisión de Interpretación y Reglamento, ampliada a las organismos de derechos humanos que quieran participar para investigar todo lo actuado, tanto en la Universidad, con el juicio académico, como en la justicia durante todo el juicio".