Las organizaciones Greenpeace, Taller Ecologista de Rosario, Fundación Proteger de Santa Fe y M'Biguá de Entre Ríos denunciaron ayer al gobierno de Entre Ríos como responsable de los incendios en los humedales del Delta del Paraná, al promover la expansión de la actividad ganadera hacia esos humedales. Las ONG apuntaron contra la Secretaría de la Producción por su incapacidad de previsión al promover la ley de arrendamientos en el año 2004, así como contra los legisladores que la aprobaron. A ambos actores los responsabilizaron por "la magnitud y duración de la catástrofe que costó vidas humanas y la pérdida total de ecosistemas a causa de los incendios que todavía arrasan los humedales del Delta".

La responsable de la Campaña de Biocombustibles de Greenpeace, María Eugenia Testa, afirmó que "la quema de pasturas en los humedales del Delta del Paraná, tiene como objetivo expandir la actividad ganadera antes desarrollada en otras regiones" y agregó que "la presión por lograr nuevas tierras para uso ganadero es otra de las facetas del modelo agropecuario desarrollado en los últimos tiempos en Argentina, que se caracteriza por la expansión de la agricultura, monopolizada por la soja, a expensas de los últimos ecosistemas nativos".

Los humedales del Delta pertenecen al corredor más importante del mundo, que se extiende desde el Pantanal de Matto Grosso en Brasil hasta el Río de la Plata. El Delta del Paraná alberga unas 700 especies vegetales, 543 especies de vertebrados y su gran riqueza en aves, con 260 especies, representa el 31 por ciento de la avifauna de la Argentina.

La destrucción del hábitat y el aumento de la presión sobre los recursos naturales se han revelado como factores principales de la disminución y desaparición de especies. "Desde que comenzó a construirse la conexión vial Rosario﷓Victoria, las organizaciones de Santa Fe y Entre Ríos advertimos sobre la necesidad de crear un área de protección para la zona", dijo Jorge Capato, de la Fundación Proteger. "Se podía presumir que iba a sufrir una mayor presión por su fácil acceso -señaló el ambientalista-. Tres años después de su inauguración, se cuadruplicaron las cabezas de ganado, lo que provocó una sobrecarga ambiental para el ecosistema".

También Elba Stancich, del Taller Ecologista de Rosario, recordó que las ong proteccionistas advirtieron "reiteradamente sobre las consecuencias que tendría la Ley de Arrendamientos que aprobó Entre Ríos, ya que constituía claramente la llave para legalizar la expansión de la actividad ganadera en la zona de islas".

De igual modo las organizaciones expresaron su indignacion. "Desde los organismos del Estado nacional han promovido durante los últimos años este modelo agropecuario. En tanto, desde el sector privado, que ha estado actuando con irresponsabilidad y sin límite alguno en busca de aumentar sus ganancias", dijo Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace y advirtió: "no debemos pasar por alto que este descontrol ha sido activamente favorecido por las políticas promovidas por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

Las organizaciones presentaron sus conclusiones a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y al Secretario de Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo. Propusieron medidas para garantizar la preservación de los humedales del Delta paranaense y los del litoral fluvial. Entre las demandas, se destacan la aplicación de los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos; la reformulación del proceso de arrendamiento de las islas públicas iniciado por la provincia de Entre Ríos y la recategorización de la zona de humedales como territorio provincial, ya que actualmente está declarada área natural protegida por ordenanza de la Municipalidad de Victoria.