El intendente Miguel Lifschitz, se reunió ayer con intendentes y funcionarios de algunas de las ciudades más importantes del país para analizar la situación actual del transporte urbano de pasajeros, especialmente lo relacionado con sus costos y la profunda diferencia entre los subsidios que la Nación asigna al interior del país, los cuales son mucho menores que los recibidos por la Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires.

Tras un análisis sobre la situación en cada una de las ciudades que asistieron al encuentro, se resolvió solicitar una audiencia al secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, para debatir sobre la metodología de la distribución de los subsidios.

La reunión, convocada por el jefe comunal rosarino, se realizó en la Casa de Santa Fe de la Capital Federal, y contó con la presencia de los intendentes de Córdoba, Corrientes y Mar del Plata, Daniel Giacomino, Carlos Vignolo y Gustavo Pulti, respectivamente.

Asimismo asistieron los subsecretarios de Transporte de las ciudades de Santa Fe, Sergio Ludueña, y de Paraná, Marcelo Baridon; el jefe de asesores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la provincia de Mendoza, Francisco García Ibañez, dado que en la ciudad de Mendoza el transporte urbano está a cargo del Estado provincial; los secretarios de Planificación e Infraestructura y de Coordinación Económica de la ciudad de Paraná, Tomás Arias y Eduardo Macri; el secretario de Transporte de Córdoba, Mario Agüero, y la gerenta del Ente de Transporte Rosario (ETR), Mónica Alvarado.

Lifschitz ya había convocado ﷓el pasado 12 de mayo﷓ a una reunión previa en el marco de la provincia de Santa Fe a la que asistieron legisladores nacionales y provinciales, concejales locales de todas las bancadas, integrantes del gabinete y especialistas en transporte.

En esa ocasión, además de aunar criterios para elevar a la Nación un reclamo unificado para el aumento de los subsidios, se resolvió efectuar una convocatoria a las máximas autoridades de las ciudades más importantes del país que se ven también afectadas por la inequitativa distribución de los fondos correspondientes, teniendo en cuenta informes oficiales de la Defensoría del Pueblo.