A cuatro años de Diciembre Trágico, la CTA de Rosario llamó a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía a movilizarse para reclamar "cárcel a los asesinos, ejecutores materiales y responsables políticos y policiales que ordenaron la represión y la masacre", entre ellos el ex gobernador Carlos Reutemann y su ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez. La convocatoria sumó a la Multisectorial de Rosario, familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la Comisión Investigadora No Gubernamental. Mañana, a las 10, la concentración comenzará frente a los Tribunales de la provincia (Balcarce y Pellegrini), para marchar después hasta la plaza San Martín, donde los familiares de las víctimas instalarán una carpa. El martes, a las 18, el punto de encuentro será la plaza 25 de Mayo, donde se iniciará la marcha hasta la plaza San Martín, lugar elegido para el acto de la Multisectorial.

"El levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 significó para el país, el principio de ruptura de un modelo de saqueo y humillación que mostró su agotamiento, pero también de una práctica política de tráfico de influencias, fundamentalmente electoral, clientelístico y prebendario, que fue y sigue siendo funcional a los grupos económicos trasnacionales y locales que nos han sumido en la miseria y la exclusión social y que tuvo en la consigna '¡que se vayan todos!' su máxima expresión en la conciencia nacional", dijo la CTA.

"En diciembre del 2001, durante tres jornadas, la Policía y personal de Inteligencia provincial y nacional, hicieron a la luz del día y a cara descubierta lo que todas las noches hacen en las barrriadas populares", agregó.

"En diciembre del 2001, Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de víctimas fatales, heridos de gravedad y detenidos de todo el país. De las nueve víctimas fatales, la mayoría jóvenes, tres de ellas eran adolescentes de 15 años y siete fueron asesinados por la policía con balas de plomo", denunció la CTA.

"Hubo un Plan Operacional Unico, como hubo quienes centralizaban las decisiones que ejecutaban todas las fuerzas de seguridad de la provincia, todas las divisiones, e incluso fuerzas especiales como las TOE. Hubo órdenes y directivas de reprimir con armamento letal y esa decisión la trasmitió el ex subsecretario de Seguridad Pública (Enrique Alvarez) y otro de los responsables de la masacre fue el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, quién denunció públicamente (y así lo relató ante la Comision Investigadora No Gubernamental) que esas órdenes provenían directamente del ex gobernador Reutemann".

"En Villa Gobernador Gálvez, hubo dos víctimas fatales (Graciela Machado por infarto durante la brutal represión y Graciela Acosta asesinada por la policía) y cientos de heridos y detenidos. Todos los jueces saben y todos sabemos a quién respondía en 2001 y a quién responde la Policía de Villa Gobernador Gálvez.

"Antes y después de diciembre del 2001, policías y matones han reprimido, amenazado y perseguido a militantes populares que cometen el delito de organizarse en un territorio donde (el ex intendente y hoy diputado nacional por el PJ) Pedro González ha impuesto el estado de sitio permanente para acallar opositores", reveló la central obrera.

El documento de la CTA condenó también el rol de la Justicia y de la Legislatura de la provincia frente a los crímenes de Diciembre Trágico: "Nueve muertes, siete a manos de la Policía y un solo condenado", afirmó.

"La Justicia santafesina dijo que Yanina García de 18 años, Ricardo Villalba de 15, Juan Delgado de 28, Rubén Pereyra de 20, Graciela Acosta de 35, fueron asesinados por nadie y esta Justicia afirmó también que Walter Campos, de 15 años, fue ejecutado 'correctamente' por un oficial de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de apellido Iglesias, uno de sus mejores tiradores que actuó 'en legítima defensa de terceros' contra un pibe al que la policía le aplicó la ley de fuga como en la dictadura cuando los vecinos hacían colas para recibir alimentos el día 21 de diciembre de 2001".

"El Poder Judicial y una Corte Suprema que preside un pariente de Reutemann cumplió a rajatabla con el desmembramiento de las causas, el desprocesamiento masivo de policías y funcionarios; el cierre, archivo y paralización de las causas y el desvío de las investigaciones. Cumplió otra de las máximas fundamentales de la justicia de la dictadura: investigar y desacreditar a las víctimas y sus familiares".