Las entidades defensoras de la vivienda única pidieron que se prorrogue la ley provincial que suspende la ejecución de viviendas únicas, de uso familiar y ocupación permanente, y que vence el mes próximo. Ariel D´Orazio, del Centro de Estudios Concejalía Popular, y Delia Affranchino, de la Agrupación para la Protección de la Vivienda Unica (Aprovu) señalaron a Rosario/12 que confían en conseguir la prórroga pero fueron un poco más allá, al pedir "soluciones de fondo" para los propietarios de vivienda única con riesgo de ejecución. "No hablamos de que se los asista económicamente en un ciento por ciento, pero reclamamos que se le den las posibilidades, creando las normas y los medios para rever las deudas con condiciones especiales", aseguró Affranchino. Si no se obtiene la prórroga, unas 10.000 familias entran en riesgo de ejecución.

"No nos olvidemos que la amplia mayoría de los deudores cayeron en desgracia, producto de la crisis económica que asoló al país durante la década del noventa y que estalló en 2001", agregó D'Orazio, quien consideró que la preocupación "se acrecienta al analizar la inestable coyuntura económica que se está viviendo, donde muchos no saben si van a poder mantener su fuente de trabajo o si van a sufrir reducciones en sus ingresos mensuales".

D´Orazio opinó que a pesar de lo positivo de una ley de suspensión, "no encontrar una solución de fondo produjo que las deudas se incrementen de manera desmedida, fruto de los onerosos intereses aplicados sobre el monto original y sobre los mismos intereses. Esas sumas se tornaron impagables para una familia con ingresos medios".

Para D´Orazio, si no se prorroga la ley 12.796, unas 10 mil familias corren el riesgo de perder sus viviendas. "A pesar que los censos oficiales arrojaron un número cercano a los 2 mil, lo que sucedió fue que el censo no tuvo la publicidad adecuada, y sólo registraba deudores de vivienda única con riesgo de ejecución hipotecaria".

Según el integrante de la Concejalía Popular, "existe un gran universo de deudores que quedan por fuera. Son aquellos que tuvieron que ir a quiebra, o que tienen una deuda de gastos centrales, o por salir de garantes en una tarjeta de crédito, y no entraron en el censo que realizó la provincia hace dos años". Desde la Concejalía Popular que dirige Nire Roldán llevan años trabajando en la problemática.

Por su parte, Affranchino dijo a Rosario/12 que hoy, junto a miembros de la organización, tratarán de profundizar las conversaciones informales ya mantenidas con los funcionarios del Ejecutivo y legisladores provinciales. Quieren avanzar en la presentación de un nuevo pedido de prórroga de la ley, para que "al menos continúe la situación vigente en la provincia y quizás se amplíe un poco el espectro".

En este sentido, la titular de Aprovu señaló que "la ley vigente no excluye los casos de quiebra; en la práctica, algunos juzgados lo excluyen y no dejan a las quiebras dentro del amparo de la ley. Por ese motivo estamos tratando que la Legislatura sea un poco más amplia y en este caso lo especifique a favor".

Affranchino explicó que "si bien desde lo estrictamente jurídico, hay una parte de la doctrina que opina como los jueces; entendiendo que el pedido de quiebra es pedir tu propio remate; existe otra parte de la doctrina que estaría a favor" de los deudores.

De todas maneras, la titular de Aprovu destacó que "aquellos que tuvieron la suerte de modificar su situación, hicieron frente a sus deudas, pero también hay gente que aún no pudo terminar de pagar. Queremos que el Estado arbitre los medios para que los deudores puedan pagar".

Desde la Concejalía Popular convocaron a entidades defensoras de la vivienda única y a particulares afectados por la problemática, a participar de las reuniones de la Comisión por la Vivienda Digna que se realizan todos los miércoles a las 19.30 en la sede de la entidad ﷓Entre Ríos 343﷓ donde se elaborará una propuesta consensuada para elevar a la Legislatura provincial.