Adrián tiene ahora 19 años. Desde los 14 incursionó en el delito, y cumplidos los 16, cuando el sujeto ya es penalmente responsable aunque bajo un régimen especial, cometió robos a viviendas y autos. Fue declarado culpable en cuatro hechos. Lejos de dar resultado, su tratamiento tutelar en el IRAR profundizó su mala conducta y su adicción a las drogas. La fiscal solicitó una pena de cuatro años de cumplimiento efectivo y la defensa su absolución por su condición de menor. Convencida sobre la necesidad de "reisentar más que de castigar a los menores", la jueza Gabriela Sansó resolvió fijarle una pena de tres años de prisión condicional por hurto calificado. Al mismo tiempo, en ese lapso el condenado deberá completar la escuela primaria, capacitarse laboralmente y lograr un empleo remunerado. Además, el joven tendrá que abstenerse de consumir drogas y no abusar del alcohol. "Hay que darle una oportunidad, sin eximirlo de la responsabilidad por lo realizado, evitando la aplicación de penas privativas de la libertad que no sean necesarias", remarcó Sansó en diálogo con Rosario/12.

En el extenso fallo de la jueza de Menores se recuerda que Adrián fue declarado "autor penalmente responsable del delito de hurto calificado por escalamiento en calidad de autor en concurso real con robo en grado de tentativa" en cuatro episodios contra la propiedad. Desde su detención fue alojado en diferentes institutos, entre ellos el IRAR donde debió ser trasladado al pabellón juvenil de la Unidad III ya que "su permanencia ponía en riesgo la vida y seguridad de las personas, ya sea sus compañeros, autoridades o de él mismo. Había vulnerado sistemáticamente todas las reglas, generaba conflictos y tenía actitudes sumamente agresivas", señalaba el informe de quienes lo atendieron, donde se destaca que su propia familia "de condición humilde pero trabajadora", se vió desbordada.

"Su situación -agregaron los psicólogos- demandaba mucha dedicación pues se trataba de un joven con trastornos disociales de la personalidad, consumo de drogas, conductas impulsivas con pasaje al acto, manipulador y demandante, y vinculado a hechos delictivos. Ha presentado dificultad para la aceptación de límites, dificultad para tolerar frustraciones, déficit en el control de impulsos con pasaje al acto (autolesiones, problemas de conducta con pares y adultos), y rechazó toda propuesta de tratamiento".

La fiscal de la causa solicitó cuatro años de cumplimiento efectivo. La defensa la absolución por la condición de menor. La jueza Sansó resolvió aplicar una pena intermedia: tres años de prisión condicional, lapso en el cual el joven deberá estudiar, capacitarse y trabajar.

"Esta alternativa contempla la necesidad de la pena ante la nula recuperación y pésima trayectoria a lo largo de todo el tratamiento tutelar, pero a la vez prioriza la recuperación del menor delincuente, articulando un mecanismo distinto del encierro, mediante el cual, con pautas ordenadoras y orientadoras, cumpla la pena, y se sujete a la ley, poniendo expectativa no solo en la evitación de una vida delictiva, sino además asegurando un aprendizaje y entrenamiento profesional, para su reinserción e incorporación a la vida social", señala el fallo.

En diálogo con Rosario/12, la magistrada aclaró que tomó esta decisión "teniendo en cuenta que los delitos imputados no son de los más graves estipulados en el Código Penal, más allá de la reincidencia". Para la jueza es importante "que haya una sanción, aunque condicional, para que el menor perciba que cometió un delito en este caso contra la propiedad y asuma su responsabilidad, que no es la misma a la de un adulto".

Según la jueza "se debe perseguir no el castigo sino la recuperación del joven involucrado, para que advierta el error y modifique su vida para un buen desarrollo personal". En ese sentido la advirtió: "Si comete nuevamente un delito, entonces deberá cumplir la sanción (que está ahora en suspenso)".