Ricardo Fernández tiene hoy 42 años. Sus primeros doce los pasó en el patio de una casa generosa y abierta a los vecinos ubicada frente a las vías del ferrocarril Mitre en el barrio Casiano Casas. Hasta que llegó el golpe de estado de 1976 y todo cambió: un grupo de militares ingresó a su vivienda y delante de toda la familia golpearon a sus padres y hasta uno de sus hermanos que intentó reaccionar ante la brutalidad con que trataron a su madre. La prioridad era la vida y así los Fernández decidieron refugiarse en otra casa. Así la casa de calle Ordenanza 1369 fue "enajenada" por quienes se sentían amos y señores de la vida y los bienes de todos. La vivienda y un terreno que estaba en los fondos pasó de mano en manos, hasta que hoy Ricardo decidió con al ayuda del concejal socialista Juan Rivero exigir la devolución de la misma. "Esta casa es de la familia Fernández y fue enajenada por la dictadura militar, no sabemos los medios ni las formas, pero es algo que la propia familia va a plantear", aseguró. Y adelantó que nos es la única en Rosario: "Venimos trabajando en distintas casas y lugares con todo el rigor del caso porque aparecen datos como boletas de servicios o impuestos a nombre del Ejército Argentino en una casa que fue robada. Y otras cosas que van apareciendo y que dan indicios sobre donde tenemos que apuntar".

Fernández perdió la casa de su infancia a manos de desconocidos. "Es la casa de mis padres, y está ubicada en la calle Ordenanza 1369". La calle corre paralela a las vías del ferrocarril y a la avenida Casiano Casas, entre Washington y Blas Parera.

En 1976, Ricardo tenía 12 años y lo único que recuerda es "el día en que entraron los militares y le pegaron a mi papá, Manuel Fernández, a quien amenazaron con matarlo si no decía dónde estaba mi hermano Manolo, que militaba en una unidad básica. Mi padre les explicó que ya estaba casado y que no vivía en esa casa, por lo que se pusieron más nervios todavía". Recuerdo la escena: le preguntaron cuántos hijos tenía y cuando mi padre contestó siete le dijeron que lo iban a mandar al séptimo infierno. Finalmente se lo llevaron, mientras a mi hermano le pegaron y le quebraron una costilla solo por darse vuelta para mirar cuando le pegaban a mi mamá. Mi padre estuvo desaparecido quince días".

Según recuerda hoy Ricardo "mi padre era delegado de la Bolsa de Comercio de Rosario, y mi hermano el único delito que cometía era robarle comida de la heladera a mi mamá para llevarla a la villa, donde mi hermana era maestra".

Los Fernández dejaron esa casa y se fueron a vivir a Granadero Baigorria por un tiempo. "Allí reapareció mi padre advirtiéndole a mi hermana Gloria que se fuera porque la iban a matar, por lo que decidió irse a vivir con su compañero al campo. En tanto mi madre (María Herminia Acevedo de Fernández) regresó a Rosario a buscar a uno de mis hermanos que faltaba, mientras nos íbamos hacia Buenos Aires. Fue entonces que la policía llegó a la casa que ocupábamos en Baigorria y encontró a mi cuñado a quien asesinaron. Mi madre decido entonces ir a la Jefatura pensando que nos habían matado a todos, pero solo logró que la detuvieran por mas de un año".

"Finalmente nos refugiamos en un campo pero mi hermana Gloria regresó a buscar a uno de mis hermanos que era un año mayor que yo, y no se detuvo hasta encontrarlo y subirlo a un tren. Y pagó con su vida tanto coraje. Hoy está desaparecida".

Según recuerda Ricardo "hubo un policía que era vecino que fue a detenerla, que usaba el nombre de Carlitos". Y confiesa que "nunca hasta ahora habíamos decidido hacer nada por el miedo que tenían y tienen mis hermanos. Pero ahora este gobierno nos da algún tipo de garantías".

La idea que tienen los Fernández es "hablar con lo actuales habitantes de la casa, no ir contra ellos, sin saber quién se les vendió, porque quizás fueron engañados. Pero mi madre vive y queremos recuperarla para ella". Con este objetivo mañana jueves a las 10 de la mañana se harán presentes acompañados por el concejal Rivero.

Según explicó el edil "en realidad denunciar estas casa es una meta y lanzarla es un hecho importante para muchas familias que estarán en la misma situación sabiendo que el 24 de marzo se cumplen 30 años del golpe y que es un punto de inflexión entre lo viejo y lo nuevo".

"Por eso creo -agregó- que hay que salir de esta situación de enredo y que hay que resolver las cosas con objetivos claros. Toda aquella lucha por la vida y los derechos humanos por la igualdad se ve hoy reflejada en proyectos, en el respeto a los 30 mil desaparecidos, a los niños robados, a las casas robadas. Hoy hay que luchar contra la impunidad a las agresiones constantes, que fue producto de una política concreta que fue llevada por las fuerzas armadas y que vino a aniquilar un sector de la sociedad muy fuerte que era quien planteaba cosas alternativas de lo que fue después la rifa y la venta de este país que derivaron en la actual situación".

Según el concejal Rivero "son varias las casas que están en estas condiciones, pero en este momento no vamos a decirlas a todas. Solo cuando tengamos todas la pruebas vamos a hacerlo".

En la zona sur hay otra propiedad en similares condiciones por lo que la saga promete no terminar mañana. "Muchos podrán decir que los actuales poseedores no tienen la culpa, pero menos aún se puede responsabilizar a los legítimos dueños de querer recuperar lo que perdieron cuando privados de su libertad veían como se les esfumaba lo que tenían", dijo.