Sí hoy la Cámara de Diputados de la Nación convierte en ley el proyecto que viene del Senado con media sanción para reformar el Consejo de la Magistratura Federal, el Colegio de Abogados de Rosario le propondrá a la Federación Argentina de Colegios de Abogados que patrocine ante la Justicia Nacional un recurso para declarar de inconstitucionalidad de la iniciativa.

Así lo hizo saber el presidente del Colegio rosarino, Arturo Araujo, en el transcurso de una conferencia de prensa que tuvo lugar ayer en la Casa del Foro. El dirigente, acompañado por el vicepresidente de la institución, César Abate, formuló una crítica detallada del proyecto de reforma y fundamentó la decisión de cuestionarlo en la justicia porque a su entender viola la Constitución Nacional reformada en 1994 en cuanto ésta exige un "equilibrio" en la composición del Consejo que se encuentra mejor resguardado en la actualidad que en el proyecto de reforma.

"Es, entre otras razones, porque el estamento de los abogados pierde dos representantes de los cuatro que tenía, mientras que los diputados, senadores y jueces sólo pierden uno de cuatro (25%). También pierde la mitad de sus representantes el sector de académicos y científicos, que de tener dos pasa a uno", detalló Araujo.

La propuesta rosarina será conversada hoy en una reunión de su directorio con el titular de la Federación Nacional de Abogados, Carlos Adreucci, quien además participará en esta ciudad del acto inaugural del año judicial 2006. A su vez, Andreucci, dará explicaciones sobre la posición de la entidad que preside y gestiones realizadas frente a la reforma.

En este intercambio, no será ajena la consideración de posturas "duras" que implicaría eventualmente acompañar la demanda de inconstitucionalidad "con un retiro transitorio de los representantes abogadiles del seno del Consejo, para no convalidar una integración con la cual están en desacuerdo".

Araujo y Abate, descartaron "cualquier pretensión corporativa en la posición de los abogados". "No estamos demandando algo que favorezca al sector judicial, sino el respeto de lo establecido en la Constitución , que claramente habla de un equilibrio que se ha roto con la reforma", señalaron. Esta postura, "si es hecha suya por la federación, pone un signo de interrogante al futuro funcionamiento del Consejo, ya que podría quedarse sin una de sus patas".

Ante la consulta de la prensa acerca de que si confiaba en obtener un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de plantear la inconstitucionalidad de la reforma, Araujo se mostró claramente optimista y marcó una contradicción del Gobierno Nacional. Dijo al respecto que la Corte, en su actual composición, muy diferente a la década del noventa, "ha dado muestra de independencia de criterio, con fallos que en algunos casos no han sido del agrado del gobierno". A la vez cuestionó que el mismo gobierno que contribuyó a instalar esta Corte independiente, "ahora pretenda manejar políticamente la designación de los jueces y camaristas federales, al defender la reforma que está en marcha y que resta representación a los sectores técnicos".

Araujo y Abate también se preocuparon en destacar que esta reforma "no es un asunto que atañe solamente a abogados. Se trata del funcionamiento, nada menos, de uno de los tres poderes del Estado. Lo que está en juego es mucho más que la representación de un sector. Es la conformación del poder del Estado cuya función es actuar como garantía frente a la violación de la ley, el abuso y el conflicto".

"La única conclusión que queda -explicó Araujo- frente a la empecinada insistencia del Ejecutivo en seguir adelante con tan cuestionada reforma, es que persigue la hegemonía".