El juez laboral de la Tercera Nominación Carlos Garibay, ordenó ayer al Poder Ejecutivo provincial que otorgue el beneficio de la jubilación al juez de Instrucción Rubén Saurín, quien continúa siendo investigado por un caso de presunto hurto de energía eléctrica en su domicilio particular. Mediante el decreto 737, el gobernador Hermes Binner rechazó a principios de este año la renuncia y la consecuente jubilación a Saurín, aduciendo que existe una causa penal abierta en su contra y un proceso de destitución "congelado" hasta que dicha causa avance lo suficiente como para saber si el magistrado infringió las leyes.

Frente a esta situación y con el patrocinio del abogado Néstor Oroño, el juez Saurín presentó un recurso de amparo para que se declare inconstitucional el decreto 737. Al fundamentar su decisión, Garibay sostuvo que el proceso de jury de enjuiciamiento a Saurín está caduco porque se ha superado el plazo máximo de sesenta días entre la denuncia y la acusación formal.

Además, concluyó que el decreto 737 impide a Saurín el acceso al beneficio previsional por el que optó en ejercicio de sus derechos subjetivos y para el cual reúne los requisitos exigidos por las normas en materia jubilatoria.